El Gobierno adelantó que extenderá el congelamiento de servicios públicos, que vence a mitad de año, hasta diciembre, por el contexto actual de crisis económica que genera la pandemia. Esta medida incluye a las tarifas de gas, luz y transporte, según confirmaron funcionarios de alto rango.
En el Ministerio de Desarrollo Productivo recordaron que hasta el 30 de junio rigen congelamientos en el gas y la electricidad en el marco de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. «Eso era en un escenario de normalización económica. Ahora explotó una bomba atómica», dijeron en la cartera que dirige Matías Kulfas. Allí recalcaron que están «analizando» qué medidas tomar desde mediados de año. No descartaron ni ratificaron que vaya a haber un congelamiento, pero sí indicaron que, en general, no hay margen para aumentos de precios en el actual marco social, por lo que el trabajo del ministerio se focaliza en intentar bajar costos.
De igual forma coincidieron en el Ministerio de Transporte, donde señalaron que, «en este contexto, no hay margen para modificar nada». «Es probable que se mantenga congelado. Con la caída de empleo y actividad económica no hay margen para plantear ajustes tarifarios», señalaron.
Para las empresas distribuidoras de luz y gas , la noticia cayó como una bomba, ya que tienen las tarifas congeladas desde marzo y abril pasado, respectivamente, en un economía con una inflación interanual, al mes pasado, de 45,6%, según el Indec. También confirmó el escenario de pesimismo que atraviesa el sector de hidrocarburos, ya que, sin señal de precio, la producción de gas se mantendrá en caída .
De avanzar con esta normativa, el mayor perjudicado igualmente será el Estado, que deberá suplir con subsidios el costo de la generación eléctrica y del gas. Parte de esto comenzó a verse en las finanzas de Cammesa, la empresa con control estatal encargada del despacho de electricidad.
Cammesa compra la energía eléctrica y la vende a las empresas de distribución -entre las que se encuentran Edenor y Edesur- a partir de la demanda residencial e industrial. Estas empresas trasladan a sus clientes de forma directa el costo que Cammesa les factura por la operación. Producto de casi 15 años con tarifas congeladas, los usuarios pagan alrededor del 58% del costo de la generación. El resto lo cubre Cammesa con transferencias del Tesoro.
El último año, al verse congeladas de nuevo las tarifas, las empresas de distribución comenzaron a dejar de pagar lo que recaudaban por tarifas a Cammesa, ya que se quedaban con ese dinero para cubrir sus mayores costos de salarios y mantenimiento del servicio. Esta situación se agudizó con la cuarentena, cuando la tasa de cobrabilidad de las distribuidoras se derrumbó casi un 70% , ya que los usuarios no podían salir a pagar las facturas. Según indicaron en el Gobierno, el mes pasado, Cammesa solo pudo cobrar un 10% de las distribuidoras. La situación mejoró en las últimas semanas, pero todavía la tasa de cobrabilidad es del 36% y del 70% para grandes usuarios. Esto generó que aumentara $20.000 millones la deuda de las distribuidoras con el Tesoro.
En el sector gasífero la situación es distinta, porque las distribuidoras -entre las que se encuentran Metrogas, Naturgy y Camuzzi- compran el gas directamente de los productores, no hay una empresa estatal como intermediaria (todavía). Las empresas, afectadas también por la caída en la recaudación debido al confinamiento obligatorio, en las últimas semanas se retrasaron con el pago a las empresas productoras.
Las productoras -entre las que están YPF, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol y Total- venden el gas a un valor de US$4,50, pesificado a un tipo de cambio de $41, que era el establecido en marzo de 2019. El valor se tendría que haber actualizado con las tarifas en octubre pasado, pero nunca sucedió. Por lo tanto, en la práctica, la productoras venden el gas a $2,70, lo que, según dicen en el sector, imposibilita nuevas inversiones.
Dentro de los planes del Enargas se encuentra la idea de que el sector gasífero pase a tener un sistema parecido al eléctrico, y que Cammesa compre todo el gas a las productoras y lo venda a las distribuidoras. De esta manera, dijeron en la industria, el interventor Federico Bernal busca que en el mercado haya un gran colocador, que negocie por todos los usuarios el precio, y logre así valores más competitivos que los que se logran en negociaciones individuales entre privados. «Es una idea que cobra cada vez más fuerza y se espera que se cierre ante de que extiendan el congelamiento», indicó una fuente al tanto de las negociaciones.
