El Poder Ejecutivo le avisó al Poder Legislativo: el próximo viernes se mandarán al Congreso varios proyectos de Ley impulsados por la Presidencia. Entre esos proyectos, difunde el oficialismo, estará el de la reforma judicial. En la semana, en una entrevista con C5N, el propio Alberto Fernández había confirmado que su plan para la Justicia ya está listo.
La reforma judicial fue una de las principales promesas que dio en su discurso de asunción como Presidente. Segun fuentes fidedignas del Gobierno, la vicepresidenta Cristina Fernández pidió que también se discuta una posible ampliación de los miembros que integran la Corte Suprema. Hoy funciona con cinco jueces. La idea de la vice es que sean muchos más los magistrados que se integren al máximo tribunal.
La discusión quedó abierta.
El Presidente afirmó en que no estaba de acuerdo con ampliar la Corte, pero aceptó que escuchará a «expertos». La vice insiste. Fuentes oficiales aceptaron ante Clarín que Fernández (Cristina) plantea como tema esencial la reformulación del funcionamiento de la Corte. Pero la oposición y los juristas que conocen lo que ella piensa, porque lo ha hecho público, alertan sobre la posibilidad de que el «cristinismo» logre su objetivo y termine conformándose una Corte Suprema ampliada e integrada por jueces afines a la segunda en la línea de sucesión. En ese tribunal podrían definirse el futuro de las posibles sentencias que se dicten en los juicios orales que deberá enfrentar como principal procesada en delitos de corrupción.
El escenario podría resumirse así: «Alberto a la reforma judicial, Cristina al aumento de los jueces de la Corte». El tiempo dirá si finalmente la Casa Rosada envía al Congreso su proyecto de reforma judicial.
El presidente Fernández expresó así su opinión sobre la conformación de la Corte: «Yo quiero aclarar que pienso que no debe aumentarse el número de jueces de la Corte, pero me gustaría escuchar a gente experta”, explicó. Luego anunció que conformaría un «Consejo Consultivo» para que estudie esa cuestión, entre otras.
Fernandez (Alberto), un declarante hábil, dijo al pasar que «yo creo humildemente saber algo, así que voy a opinar». De acuerdo a funcionarios nacionales que trabajan el tema, el «Consejo Consultivo» al que aludió Fernández aun no se integró ni tampoco hay «danza de nombres» al respecto. Clarín pudo conocer cuáles son los puntos principales del proyecto de Ley sobre la reforma de la Justicia. Siempre gracias a fuentes del oficialismo que trabajan en ese proyecto.
Si se envía al Congreso en los próximos días, o en las próximas semanas, la reforma judicial no incluirá alguna modificación en la conformación de la Corte Suprema, revelaron autoridades del Gabinete.
Fernández está convencido de que el sistema judicial argentino «funciona muy mal desde hace mucho tiempo». Esperó a que el Congreso pudiera sesionar de forma virtual para retomar su agenda legislativa.
Respecto a la reforma judicial, el plan que hasta ahora aprobó el Presidente «revolucionará» el Poder Judicial Nacional tal como se lo conoce hasta ahora. Siempre y cuando se apruebe en el Congreso y no se modifique hasta su envío a Diputados.
Entre otros puntos centrales, la reforma incluye un aumento de los juzgados federales en lo criminal y correccional federal, es decir, el fuero en el que se investigan causas de lavado de dinero, corrupción, narcotráfico, las más sensibles al poder político. Habrá más juzgados para tratar esos expedientes, a los que se sumarán por la fusión para tratar los mismos delitos de quienes hoy integran el fuero en lo penal económico. Esos magistrados y fiscales son quienes deciden en la actualidad respecto a causas sobre crímenes financieros, estafas comerciales o faltas al código aduanero, entre otras competencias.
El número de nuevos juzgados federales se aumentaría a 24, pero terminarían siendo 33 en total por la suma de quienes hoy son jueces del fuero penal antes aludido. Las fiscalías federales también aumentarán, siempre de acuerdo al proyecto oficial.
Este potencial aumento de jueces federales es un modo de «licuar» el poder de los actuales jueces de Comodoro Py, pero al mismo tiempo los podría liberar de una carga de trabajo que atosiga a cada uno de los magistrados y fiscales. Hoy, quienes tienen ganas de trabajar de forma seria en «Py», están desbordados.
Los jueces y fiscales habituados a «surfear» las causas de acuerdo a conveniencias personales o políticas, no generan ni eficacia ni rapidez, y tampoco se preocupan por eso. Este problema, con la reforma judicial de Fernández (Alberto) también encontraría a mismos protagonistas cumpliendo funciones del mismo modo en el que lo hacían antes.
Fernández anunció que efectivamente busca lo que él describió como el fin «de esos espacios cerrados que le permitían a pocas personas manejar un poder enorme». Por otro lado, la reforma judicial del PJ también fusionaría los juzgados y fiscalías del fuero en lo contencioso administrativo con los del fuero civil y comercial.
En las dos fusiones se incluyen también a los camaristas de apelación, pero no ser conoce aún si se unirían las Cámaras de Casación. Fernández (Alberto) termina de definir su proyecto de reforma judicial con cuatro funcionarios de su total confianza: la ministra de Justicia, Marcela Losardo (respetada en el Poder Judicial); la jurista Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica que es un sostén total de su gestión, también bien considerada entre los jueces; y el influyente Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, una especie de «ministro ninja», ya que se mueve silente para cumplir misiones ordenadas por el presidente.
Hay consenso: la reforma judicial solo funcionaría si se cambia también el modo de selección de los jueces, que permite cierta discrecionalidad para calificar a los postulantes que dan examen en el Consejo de la Magistratura.
El proyecto incluiría un punto clave para acelerar los ralentizados tiempos procesales de la Argentina. Incluiría nuevas normas para acotar de modo estricto a los «recursos de queja» ante la Cámara de Casación Penal. Es el instrumento legal que hoy permite que casi todas las causas que tardan años en llegar a juicio oral luego deban ser revisadas por la Corte Suprema.
Las fuentes oficiales lo admitieron: la vicepresidenta Fernández (Cristina) también quiere imponer su visión sobre la Justicia en el proyecto de Ley de reforma de Fernández (Alberto). De concretarse las fusiones entre fueros planeadas por la Casa Rosada, se incluiría a las Cámaras de Apelación. No se conoce aun si también se fusionarían las Cámaras de Casación de ambos fueros.
De acuerdo al cálculo de expertos judiciales que conocen la trama secreta de la reforma judicial, el Gobierno debería designar a 15 nuevos jueces para completar los 33 juzgados federales «nuevos» (contando la vacante que dejaría en uno de ellos Daniel Rafecas, candidato a ocupar la Procuración General de la Nación). A eso se sumarían 7 vacantes más en las Cámaras Federales fusionadas.
El Presidente también tiene en su despacho los 200 pliegos que envió al Senado su antecesor, Mauricio Macri, y que fueron retirados cuando Fernández (Cristina) asumió como titular de la Cámara alta.
Funcionarios que se ocupan del tema aseguran que casi no se modificó ese nuevo organigrama de un Poder Judicial que podría cambiar para siempre. Un tentación para cualquier Presidente.
El tiempo dirá si esta reforma judicial es positiva, o si solo se trata de dar una vuelta más a una cuestión sensible como el armado de un sistema que imparta Justicia de modo independiente al poder.
