En Salta muchos se preguntan dónde fueron a parar cientos de caños del Gasoducto del NEA que atravesaron los controles de ruta, como material en desuso contaminante, por una resolución del intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, del 23 de diciembre de 2019.
La respuesta a la pregunta del millón está en otras provincias, donde tubos de gasoductos que también tenían obras paralizadas por el Gobierno nacional fueron robados y reducidos en el mercado negro como comederos para animales vacunos o piezas nobles con las que finqueros y contratistas de dudosa reputación ejecutaron obras de alcantarillados, cruces de ruta, acueductos y conducciones de riego.
En Mendoza, La Pampa, Chubut, La Rioja y Catamarca hay antecedentes que muestran los alcances de una multimillonaria defraudación al Estado argentino con influencias políticas, sobornos y vistas gordas de fiscales y jueces, tanto provinciales como federales, que poco o nada hicieron para detener a una red ilícita que, desde hace un tiempo, tiene instalado su aceitado montaje en municipios del norte salteño.
Con poco, la jueza federal de Comodoro Rivadavia Eva Parcio marcó una salvedad. El 17 de junio de 2018, gendarmes detuvieron en Pampa Salamanca (Chubut) dos camiones cargados con caños de una obra de ampliación del Gasoducto San Martín, paralizada por el escándalo internacional que dejó mal parada a su contratista: la brasileña Odebrecht.
En fincas de Salta
A diferencia de lo que ocurrió en Aguaray y Mosconi, la jueza sureña secuestró los camiones, detuvo a cuatro choferes y con las indagatorias constató que 262 tubos de 30 pulgadas, valuados en cerca de $170 millones, se vendieron a través de las redes sociales. En esa causa, que hoy tiene dos procesados y 15 imputados, las declaraciones permitieron localizar 80 de esos caños en fincas de Salta y Tucumán, donde los convirtieron en comederos para ganado y alcantarillas. El Juzgado de Chubut mantuvo hasta ahora bajo llaves los nombres de los comerciantes, transportistas y productores involucrados en la reventa ilegal de los caños del Estado.
Con la colaboración de colegas de Comodoro Rivadavia, este diario pudo confirmar que entre los imputados se cuenta Maximiliano Alves Carneiro, dueño de un taller metalúrgico de Villa María (Córdoba), quien aparece en muchos de los remitos fraguados junto a Adrián Antonio Vera. Este último es un estafador serial con domicilio declarado en La Paz (Mendoza).
Ambos, en realidad, son oriundos de Luján de Cuyo, donde tienen sus supuestas sedes muchas de las empresas que se reiteran en los millonarios fraudes con caños gasíferos. Diego Andrés Alos, el empresario al que el intendente de Aguaray le regaló 35 kilómetros del Gasoducto del NEA, también es un comerciante de Luján de Cuyo, que registró en esa localidad, el 11 de noviembre de 2018, la firma OSIP SA.
