A pedido de varias cámaras empresarias y en atención de las dificultades que sufren muchos asalariados con ingresos medios y bajos, el Gobierno analiza la posibilidad de otorgar una asistencia monetaria directa para los trabajadores en relación de dependencia, ante las reiteradas advertencias que desde el sector privado se vierten sobre las complicaciones que la pandemia está generando y los números en rojo que enfrentan.
Este lunes, el gabinete económico se reunirá en la Casa Rosada para evaluar cómo responder a este reclamo y así evitar una disminución del poder adquisitivo de los sectores del comercio, la industria y otras actividades en las que muchos empleadores hayan dificultades para pagar el cien por ciento de los sueldos, y a su vez sufren las consecuencias del despegue sideral de los precios de bienes de primera necesidades en las últimas semanas.
Ante esta realidad, algunas actividades acordadon rebajas durante el tiempo de la cuarentena. Este es el caso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyo titular, Antonio Caló, pactó con la gremial empresaria quitas del 30% para evitar recortes en las dotaciones de personal.
Sin embargo, no todos los representantes gremiales están en esa posición negociadora: el titular del gremio de Estacioneros y secretario general de la CGT, Carlos Acuña, fue tajante este fin de semana al aseverar que «ni en pedo» aceptará «suspensiones, despidos o rebajas salariales».
Por el lado empresario, la Mesa Institucional Regional (MIR), que representa a 20 cámaras bonaerenses de los sectores más diversos, colegios profesionales y gremios, definió como una «necesidad imperiosa» que el Estado se haga cargo de los sueldos privados de las pymes mientras dure el confinamiento.
Por el momento, son varios los mecanismos que se barajan en caso de que la iniciativa avance, y varios los montos en discusión. La cifra final dependerá del universo total de asalariados contabilizados, y la disponibilidad de recursos en momentos de caída en la recaudación.
IFE para rato
Por otro lado, en atención a los sectores perjudicados por la rigidez de la cuarentena, el Gobierno descuenta la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10.000 más allá de este mes. La ayuda económica para monotributistas de las clases A y B, desempleados, trabajadores informales y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) continuará en mayo y, posiblemente, también en junio.
Asimismo, días atrás se definió sumar a este universo de beneficiarios agraciados por la ANSeS los monotributistas clase C y D, que facturan entre $ 314.000 y $ 625.000 anuales, o bien entre $ 26.000 y $ 52.000 mensuales. Este universo comprende a aproximadamente 500.000 personas que se sumarían 7.854.316 inscriptos a la más reciente transferencia de la seguridad social.
Más allá de las asistencias para compañías y trabajadores al borde del colapso, el Gobierno sigue revisando las barreras que hasta hoy complejizan el acceso a los créditos blandos para el pago de las nóminas salariales y capital de trabajo que dispuso el Banco Central.
Hasta el viernes, las entidades financieras públicas y privadas ya habían prestado a las micro, pequeñas y medianas firmas $ 75.968 millones a una tasa máxima anual del 24% de los más de $ 100.000 millones destinados a ellas.
