«Todos sabemos lo que va a decir Casal y quieren darle una entidad de la que carece», resumieron este domingo fuentes cercanas a la ex mandataria. Se refieren a Eduardo Casal, el procurador que debe dar su opinión a los miembros del Alto Tribunal, antes de que estos tomen una decisión. Casal tiene plazo hasta el miércoles y su decisión, remarcan los asesores de Cristina, «NO es vinculante». En el chat con el que se comunican con este diario lo ponen así, en mayúscula, para reforzar el concepto legal y advertir por una presunta maniobra para resaltar mediáticamente ese eventual revés que esperan.
Ya hay una pelea pública y privada desatada entre la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado y principal asesora legal de la vicepresidenta, Graciana Peñafort -quien presentó el pedido- y al menos un sector de la Corte y juristas. Peñafort escribió este domingo una columna en el blog del periodista Horacio Verbitsky. La tituló: «Perorar con la bragueta baja». Allí remata con que la intención central de ciertos grupos es evitar la aprobación del impuesto a la grandes riquezas, que prevé que paguen un monto único y extraordinario quienes tengan un patrimonio superior a los tres millones de dólares. «¿Tanta chicana para proteger 12.000 fortunas? ¿Tanto les piden?», cierra el texto.
Con lenguaje más académico, conocidos juristas salieron a cuestionar la presentación de Peñafort y aseguran que, tal como esperan los propios K que dictamine Casal, no corresponde que la Corte decida cómo debe funcionar otro poder del Estado. E incluso le marcan una «falla grosera» a la presentación inicial que trascendió a los medios antes de llegar al Máximo Tribunal. «Ahí, entre otras cosas, no se pedía la apertura de feria para tratar el tema, un error básico. Por el debate que se armó en Twitter, después lo incluyó», aseguró a Clarín una fuente que sigue al tanto el tema. Y muestra el intercambio de documentos y tuits como «pruebas».
Peñafort defiende su presentación y cita jurisprudencia que avalaría su pedido de actuación de la Corte. Más allá del debate técnico y judicial, hay algo en que coinciden las fuentes. Si bien el dictamen de Casal no es vinculante ni establece plazos, se espera que los miembros del Máximo Tribunal definan relativamente pronto la cuestión.
«Deberían hacerlo rápido, no tanto por lo jurídico, porque plazo no tienen, sino porque saben que la presión de la opinión pública les va a comer el hígado cada día que pasen sin resolver», especulan cerca de la ex presidenta. E insisten con que Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte y a cargo del cuerpo durante la feria (hasta el 27), tenía previsto convocar a una reunión de acuerdos el último jueves y luego lo canceló.
«Una vez que esté el dictamen del fiscal, probablemente se convoque el mismo día a un acuerdo extraordinario de la Corte, no necesariamente presencial, donde se va a tratar el tema. Eso no significa que se va a decidir el mismo día que salga el dictamen», aseguró otra fuente judicial que sigue al tanto los movimientos del Máximo Tribunal.
Como contó este diario, la Corte ya sacó un par de acordadas que le permiten emitir fallos de modo remoto y virtual. Con algunos de sus jueces repartidos en el interior para cumplir el aislamiento -Ricardo Lorenzetti está en Rafaela y Horacio Rosatti en la ciudad de Santa Fe-, una posibilidad es que la discusión sea a distancia pero el fallo -remís mediante- vaya a cada domicilio para que lo firmen físicamente. Aún no está definido.
Respecto a una eventual decisión de sus cinco miembros -el tema se define con mayoría de tres-, abundan las especulaciones. ¿Las posiciones extremas? Que la Corte rechace el pedido «in limine» («desde el umbral», sin admitir discusión alguna) o, por el contrario, que acepte discutirlo y le dé «certeza» a Cristina de que la eventual sesión no podrá ser impugnada. Una versión surgida el fin de semana, y consignada por Clarín, explicaba que el Gobierno esperaba una decisión en este sentido, con fallo dividido (tres a dos). Sin embargo, desde el entorno de uno de los jueces que la Casa Rosada contaba a su favor aseguraban ayer que «hasta el momento, la idea predominante es el rechazo».
Pero en el medio de esas posiciones extremas, según detalla el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en su cuenta de Twiiter, hay otras dos variantes. Una, que la Corte acepte el pedido pero lo mande a primera instancia, ya que no es de su competencia; y otra, que rechace «in limine» tratarlo pero utilice un «obiter dictum» («dicho sea de paso…») para avisar que el Senado podría sesionar virtualmente. Una salida intermedia que tiene una ventaja: puede dejar contento a todos. O casi.
