El proyecto de intervención al Poder Judicial de Jujuy presentado por el senador nacional Guillermo Snopek no es novedoso: forma parte de una larga práctica de menosprecio por la forma republicana de gobierno y el federalismo.
En febrero de 1951, en pleno receso del Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la intervención al Poder Judicial de Salta. La medida se adoptó por decreto firmado por Perón.
Hace 69 años, esa decisión fue antesala de una ofensiva más vasta. Aquella medida fue más allá de la esfera de la Justicia. Para concentrar el poder, eran condiciones necesarias: subordinar la Justicia al poder político; suprimir la libertad de prensa; expropiar bienes; perseguir opositores; eliminar instituciones privadas y politizar la educación y la cultura.
El gobierno de entonces designó interventor de la Justicia en Salta a Atilio Pessagno, ministro de la Suprema Corte desde 1949, cuando se incorporó en reemplazo del fallecido ministro Justo Álvarez Rodríguez, esposo de Blanca Duarte, hermana de Eva Perón. En marzo Pessagno llegó a Salta y anticipó que la reorganización del Poder Judicial sería total. Al día siguiente asumió la nueva Corte de Justicia de Salta: quedaron algunos miembros de la anterior y se incorporaron otros. El Gobierno justificó esa medida porque en Salta, la Justicia estaba “seriamente perturbada y desvirtuada su auténtica misión”. Existían “factores de descomposición”: morosidad en juicios sobre tierras fiscales y expropiaciones; pronunciamientos contrarios al Ministerio de Trabajo de la Nación, parcialidad de magistrados, y doctrina jurídica contraria a la Constitución Justicialista.
La oposición denunció la medida como avasallamiento del federalismo y de la división de los poderes. Pessagno se desempeñó, de forma simultánea, como ministro de la Suprema Corte e interventor del Poder Judicial de Salta.
En 1951 se acentuó la ofensiva del gobierno contra la oposición: se retiró la personaría jurídica a instituciones privadas centenarias; se expropiaron sus inmuebles, y también fincas. Se persiguió y encarceló opositores; cesanteó docentes, y se redoblaron las delaciones de las delegadas censistas, cuyo poder era superior al de los interventores del partido y hasta los del gobernador.
La intervención formó parte de la ofensiva del Gobierno destinada a subordinar la Justicia al poder político, impregnándola de “doctrina nacional”. Este proceso se inició en setiembre de 1946 cuando comenzó el juicio político a los miembros de la Corte Suprema y concluyó con la remoción de todos ellos.
En mayo de 1951, la gestión de Pessagno fue cuestionada por el diputado nacional radical Mauricio Yadarola, quien pidió juicio político para Pessagno, propuesta que, como todas las de la oposición, fue desestimada por la mayoría oficialista. Pessagno manejaba la Justicia de Salta desde la Capital Federal mediante llamadas telefónicas a su oficina en la Delegación Salta de la Policía Federal “desde donde impartía órdenes a los jueces de todos los fueros”, lo que “es una afrenta al decoro de la justicia”.
El proyecto de Snopek, reitera las falacias de aquella medida de 1951. Para Snopek es necesario intervenir el Poder Judicial de Jujuy “para garantizar la forma republicana de gobierno”. Este proyecto es, en un escenario provincial, un tanteo para extenderlo a escala nacional. Según Snopek, para salvar las instituciones es necesario destruirlas. El objetivo de una intervención a la justicia de Jujuy es sacar de la cárcel a Milagro Sala. También, aproximarse al armado de una “justicia” que legitime lo ilegítimo, garantizando impunidad de quienes delinquieron. Es posible que, erosionando el Poder Judicial, el próximo deseo sea intervenir esa u otras provincias.
