Mgr. Marcelo Chinche Calizaya – Tras un periplo de 11 años, la Fiscalía General del Estado, finalmente decidió retirar la acusación en el caso terrorismo el pasado martes 4 de febrero. La decisión del Ministerio Público, se fundamenta en la condena de 12 años de cárcel por concusión y uso indebido de influencias contra Marcelo Sosa, fiscal a cargo del caso, quién después de huir a Brasil, denunciara que el proceso fue montado; la condena de un abogado por extorsión; la renuncia de la jueza ciudadana Sonia Mamani que además revelara que el gobierno efectuó pagos ilícitos a jueces para manipular el proceso; el retiro de la acusación del Ministerio de Gobierno entre otros.
La madrugada del 16 de abril de 2009, un operativo comandado por una unidad de élite de la policía (UTARC), irrumpió en el hotel Las Américas de Santa Cruz, para dar muerte al húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, supuesto líder de una célula terrorista; al rumano Magyarosi Árpád y el irlandés Michael Dwyer. Salieron con vida Elôt Tóásó (húngaro) y el boliviano de origen croata Mario Tadic. Horas más tarde, Álvaro García, informaba que los organismos de seguridad desarticularon una banda de mercenarios internacionales que preparaba un magnicidio contra Evo Morales y él mismo.
Por este caso, la Fiscalía imputó a 39 personas por terrorismo y otros delitos entre ellos, prominentes políticos y empresarios cruceños.
Esta trama urdida por el anterior gobierno, no solo marcó uno de los episodios más tenebrosos de la reciente historia de Bolivia, sino que también fue la punta de lanza para aniquilar políticamente a dirigentes opositores que pretendían impulsar una supuesta rebelión armada, que nunca pudo comprobarse.
Varios indicios apuntan al montaje de esta cerril maquinación, como la denuncia del Ministerio de Gobierno ante la Fiscalía 16 días antes del asalto policial al Hotel Las Américas; el direccionamiento de la investigación al fiscal Sosa adscrito a Diprove; la falta de autorización judicial y presencia fiscal para allanar el Hotel; el apagado injustificado del sistema de vigilancia electrónica (cámara de televisión) así como el borrado de registros de internet del recinto por parte de la UTARC; la falta de pruebas que demuestren que las víctimas utilizaron armas en el momento del asalto.
A ellos se suma los resultados de las autopsias practicadas que establecieron una evidente ejecución de Rosza, Dwyer y Magyariso; la aparición de videos que prueban que integrantes de la UTARC proceden a sembrar pruebas en el Hotel después del operativo, siendo más grave aún, la existencia de contacto personal y telefónico del capitán Walter Andrade con Rozsa, antes de la intervención al Hotel Las Américas.
Las mentes perversas del anterior gobierno que planificaron y fabricaron este montaje, nunca tuvieron la capacidad de sostener las delaciones de terrorismo y ante la falta de indicios, se ocuparon de forzar testimonios, sembrar pruebas, recurrir al chantaje, la amenaza y extorsión a los sindicados para inculparse como fuera el caso de Tadic y Tóásó, presos en Palmasola, durante 5 años y diez meses; así como ejecuciones extrajudiciales, detenciones indebidas, secuestro judicial precedido de torturas para obtener testimonios y confesiones que dan cuenta de violaciones flagrantes a los derechos humanos.
Morales en su afán mezquino de perpetuarse en el poder, comprometió la fe del Estado que corre un gran riesgo por las demandas internacionales por este y otros casos. De ahí que las faltas y delitos cometidos en estos 13 años y nueves meses, no pueden quedar impunes y menos poseer inmunidad frente al perjuicio y daño irreparable ocasionado a las personas que fueron perseguidas, encarceladas, extorsionadas y obligadas a huir del país por este ignominioso caso que empaña una vez más la credibilidad de la justicia boliviana.
MGR. MARCELO CHINCHE CALIZAYA.
DOCENTE e INVESTIGADOR
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON – UMSS – CBBA
COLUMNA ENTRELINEAS
