Hugo Moyano volverá al centro de la escena a partir de hoy con la negociación del bono de fin de año y el inicio la semana próxima de la paritaria 2020.
La cita en el Ministerio de Trabajo de este viernes será para finiquitar la disputa abierta con la Federación de Entidades de Autotransporte de Carga (Fadeeac), la principal cámara de la actividad encabezada por Mario Eliceche, que se opone a pagar el premio de fin de año de $20.000. Un complemento salarial que hasta ahora solo abonó Federación Argentina de Empresas de Transporte y Logística (Faetyl), la cámara creada hace dos meses por las empresas más grandes y la vieja conducción de Fadeeac.
La negociación más dura, con todo, será la del próximo miércoles en la cartera encabezada por Claudio Moroni. Después de una primera audiencia y una movilización en diciembre, el camionero ratificará su pedido de un aumento salarial del 33% por seis meses, una cifra que además de ser rechazada por los empresarios conspira con el objetivo de «desindexar» la economía planteado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. En un tiro por elevación, Alberto Fernández solicitó la semana pasada a los gremios que evitaran «pedidos desmedidos», un día después del anuncio de la quita del IVA a la canasta alimentaria.
La paritaria camionera tendrá otro condimento: será la primera vez que intervendrá Faetyl (hasta ahora solo lo hacía Fadeeac) y el primer experimento luego del aumento por decreto de $4.000 para los trabajadores del sector privado, que ayer fue extendido al sector público con un tope hasta los salarios de $49.000 netos.
Si bien la medida fue apoyada por la CGT y las dos CTA, fue una de las pocas voces que Moyano, previo a su oficialización, planteó reparos. Fue en una reunión con Moroni en la que pidió paritarias «libres», temoroso de que el nuevo esquema desemboque en condicionamientos a la negociación colectiva.
El ministro ratificó ayer que se intentó «poner un piso a las paritarias de 2020» con el aumento de salarios para trabajadores del sector privado para «recuperar la pérdida» de ingresos y «fijar un incremento sostenido del poder adquisitivo». Lo cierto es que la expectativa depositada en la definición de esa medida terminó por frenar las negociaciones de metalúrgicos, estatales y empleados de comercio, mientras que aceiteros y bancarios aguardan ser convocados tras vencer sus acuerdos el 31 de diciembre. Estos últimos esperan el índice de precios de diciembre, que se conocerá el miércoles y sería del 4%. De ser así, la inflación de 2019 cerrará en 54%.
Ese el porcentaje salarial a grosso modo que busca replicar Moyano para sus 200.000 afiliados en 2020 y genera preocupación en las empresas.
«La situación del sector es muy difícil, ya que seguimos con altos costos y siguieron bajando los volúmenes transportados, además de que no tuvimos muchos despidos y estamos tratando de sostener los planteles de trabajo», advirtieron a iProfesional desde Fadeeac.
En la Rosada saben que las pretensiones del camionero funcionan como una suerte de «faro» para otras actividades y que el gremio representa a los sectores duros del sindicalismo, enfrentados al ala dialoguista al frente de la CGT. Cerca de Cristina Kirchner todavía recuerdan su rol protagónico en la protesta callejera tras romper con la expresidenta en 2010, una situación que luego se repitió con la gestión de Macri.
La diferencia ahora es que los cuestionamientos surgieron en forma precipitada con el tironeo por áreas clave del Ministerio de Transporte, en las que el extitular de la CGT esperaba ubicar al abogado Guillermo López del Punta. Molesto por su exclusión en la repartija, el sindicalista acusó al titular de la cartera, Mario Meoni, de desconocer la actividad. Pero la pelea se cerró este jueves con la designación del cordobés Walter Saieg en la estratégica secretaria de Gestión, el asesor de la UTA Abel de Manuele en jefatura de Gabinete, y el exfuncionario randazzista Juan Felipe Rodriguez Laguens en la secretaría de Articulación Interjurisdiccional.
El Gobierno envió en simultaneo dos señales de acercamiento. Meoni recibió el lunes pasado al diputado Facundo Moyano, quien le presentó sus proyectos legislativos para regular el consumo de alcohol al volante y avanzar en una plataforma de transporte público, junto con un sistema de seguridad para evitar accidentes y un plan nacional de educación vial. Moroni, por su lado, le otorgó el jueves la inscripción gremial a un nuevo sindicato paralelo de camioneros en Santa Fe aliado a Moyano para apuntalar su poder en una provincia donde el gremio local está en manos de Sergio Aladio, un dirigente distanciado del camionero.
Los gestos fueron bien recibidos por Pablo Moyano, con su respaldo a las primeras medidas oficiales. «La forma de reactivar la economía es a través del aumento salarial», dijo ayer el secretario adjunto de Camioneros, quien aseguró que su organización «está totalmente acompañando» al Gobierno.
Todavía resta por ver si esos guiños serán suficientes para encolumnar al gremio detrás del plan de emergencia, incluida la convocatoria al demorado «pacto social». Por lo pronto, es un primer paso para alcanzar una tregua en momentos que resurgen conflictos por el despido de 200 trabajadores en la planta de Campana de Techint, el desalojo de los obreros de la fábrica Kimberly Clark en Bernal y el reclamo de reincorporación de los estatales despedidos durante la gestión de Macri.
