Lejos de aquel anticipo de un «enero caliente» en el Congreso, el oficialismo aminoró su marcha y postergará para el mes próximo el debate de los temas más importantes. De igual manera, hará un esfuerzo por sesionar el miércoles 22 del actual en la Cámara de Diputados, aunque con una agenda menos gravitante.
En efecto, según anticiparon fuentes del oficialismo, el temario se reducirá a convertir en ley el proyecto que suspende por un año la vigencia del Pacto Fiscal que el gobierno de Mauricio Macri y 22 provincias suscribieron en 2017. Esta medida les permitirá a los gobernadores instrumentar este año subas en las alícuotas de tributos municipales y provinciales, como Sellos e Ingresos Brutos, entre otros.
La agenda de iniciativas se completaría con la autorización para el ingreso de tropas extranjeras y con «temas ambientales y educativos», según adelantaron las mismas fuentes a LA NACION, sin dar mayores precisiones. Para ello se ampliará el temario de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.
El mes próximo, en tanto, el Congreso tendría una actividad más ajetreada. En efecto, el oficialismo tiene previsto llevar al recinto dos iniciativas que darán lugar a debate: una de ellas es la que propondrá una reforma al régimen de jubilaciones especiales que benefician al Poder Judicial y al cuerpo diplomático. La iniciativa todavía no está cerrada pero, tal como anticipó LA NACION, se evalúa gravar con el impuesto a las ganancias los haberes previsionales que cobran los miembros de la Justicia. Esta medida estaría acompañada de un aumento en las contribuciones a la seguridad social que aportan a la Anses los miembros del Poder Judicial y la diplomacia.
El segundo proyecto que el Gobierno quiere apurar antes del inicio de las sesiones ordinarias, el 1º de marzo, es la reforma de la Justicia. La iniciativa contemplaría, entre otras cosas, cambios en el sistema de selección de jueces, dar mayor transparencia al sistema de sorteo de causas, fusionar los fueros penales, federal y de instrucción, otorgar mayor poder de investigación a los fiscales en causas de narcotráfico y evitar que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tenga incumbencia en las investigaciones judiciales.
En la agenda también figura la creación por ley del Consejo Económico y Social, una iniciativa promovida por el Gobierno para crear un ámbito en el que empresarios, sindicatos, organizaciones sociales y representantes del Poder Ejecutivo confluyan en el diseño e instrumentación de políticas públicas de mediano y largo plazo.
Con el inicio de las sesiones ordinarias, en marzo próximo, el temario promete cobrar densidad. En efecto, el Gobierno prometió el envío de un nuevo proyecto de ley de presupuesto 2020, tras haber prorrogado el del año pasado. No se descarta que el Poder Ejecutivo envíe para su ratificación parlamentaria la propuesta de reestructuración de la deuda externa.
