En la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) pagar la luz es un “gasto reservado”. La factura del agua, lo mismo. Los fondos discrecionalmente asignados para tareas operativas de espionaje se habían generalizado en los últimos años al punto de que la mayoría de los gastos aparecen bajo el rótulo de secretos. La modificación de ese paradigma es el punto central de la intervención dispuesta por el Gobierno para la central de espionaje y a cargo de la fiscal Cristina Caamaño.
Lo mismo se planea para cuando haya un desembarco concreto en las tareas que la AFI realiza en las distintas Aduanas, un coto que -siempre al margen de sus actividades originales- ha permitido el florecimiento de maniobras ligados al contrabando. Todavía no está delineado cómo se reemplazará ese tipo de injerencia ya que los equipos que acompañarán a Caamaño están en pleno reclutamiento entre personal con experiencia en inteligencia.
La rendición de los fondos reservados no implicará que sean dados a publicidad, sino que estén justificados en un gasto aplicado con fines de inteligencia y relacionado a las actividades de cuidado de la seguridad nacional, objetivo primordial de la exSIDE. Para la auditoría se está conformando un equipo especial que se encargará de revisar lo actuado en la última gestión. Allí habrá un especial foco en establecer cuántas “precausas” se realizaron entre 2016 y 2019, y para qué casos se utilizó este atajo con características de secretismo que permite desde “pinchar” teléfonos hasta “caminar” personas bajo un paraguas de supuesta legalidad, pero que habilita irregularidades.
Hubo un dato poco alentador: en el informe de gestión que entregaron durante la reunión de transición no hizo referencia alguna al cumplimiento de algún objetivo de seguridad o la prevención de alguna amenaza. De hecho hubo un segundo dato preocupante: la Dirección encargada de monitorear ciberterrorismo, para prevenir ataques informáticos sobre objetivos estratégicos y que había sido inaugurada en 2015, estaba prácticamente desmantelada. Con otro jefe, comenzó a ser revitalizada.
Reducida en número de personas, la intervención oficial se topó con poca disposición para el acceso a la información y con un escenario “descontrolado”, inclusive en las distintas bases que posee la AFI, descentralizadas de la oficina principal. Y constató una serie de irregularidades en la herencia del binomio de Arribas y Silvia Majdalani: del universo de 1.405 agentes, más del 60% asumió en los últimos cuatro años, mientras que el restante 40% del personal era de carrera, entre 1983 y 2015; el 82% de los agentes (que incluyen todos los escalafones) fueron pasados a planta permanente a partir de las PASO y el 10 de diciembre pasado, con la gestión de Cambiemos en retirada.
La impresión que recibieron es que hay personal faltante que no logra ser todavía ubicado. En la plana de directores hubo varios que se alejaron con el cambio de gobierno pero otros buscaron reducir su jerarquía para permanecer fuera del radar de los cargos políticos. Arribas despidió alrededor de 500 agentes, en su mayoría de carrera. Así, hizo ingresar personal proveniente del sector privado, no de la Escuela Nacional de Inteligencia al punto tal que su custodio era personal de seguridad de jugadores de fútbol. Inexplicablemente, desde agosto comenzaron a reorganizar áreas mezclando personal que no debería tener contacto entre sí por la información que manejan, incluyendo agentes operativos en áreas administrativas.
En el nuevo organigrama será “partida” la AFI destinando personal de Fuerzas Armadas y de Seguridad a esos ministerios, según tareas de narcotráfico y delitos complejos que pasarán a otras órbitas, concentrándose sólo en tareas de inteligencia y terrorismo. Todos los últimos pases a planta permanente serán revisados y en su mayoría desafectados por ausencia de expertise. Y se creará una dependencia para algo similar a Asuntos Internos. A su llegada, Caamaño tuvo también que revertir tres meses de deudas con proveedores.
