"Nosotros en la Argentina tuvimos un caso que es el de una dirigente social, Milagro Sala, que apenas empezó el gobierno de Macri el gobierno de Jujuy la detuvo", señaló Fernández.
Luego, reveló: "Milagro Sala durante años me trató muy mal, francamente tuvimos muchas diferencias políticas, pero no merece estar detenida. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Porque tenía diferencias conmigo voy a validar una detención ilegal? Eso no se puede hacer. Eso no es vivir en un Estado de Derecho. Así se vulnera del peor modo el Estado de Derecho", enfatizó.
Sala está condenada a prisión por el delito de "lesiones graves" contra un militante en 2006. Lleva casi cuatro años detenida, primero en el Complejo Penitenciario de Alto Comedero y luego en su casa de San Salvador de Jujuy.
Y planteó: "¿Qué voy a hacer yo?, ¿porque tiene diferencias conmigo voy a validar una detención ilegal? Eso no es vivir en un Estado de derecho".
En su cuestionamiento al funcionamiento de la Justicia, afirmó que "el lawfare, que es utilizar la Justicia en favor de la persecución del otro, en Ecuador, en Brasil y en Argentina se ha visto con toda claridad".
En este sentido, remarcó que en América Latina "lo que algunos no pueden lograr en las urnas tratan de hacerlo mediante la persecución judicial".
"En el Estado de derecho, el respeto al debido proceso y a una Justicia independiente son reglas absolutas. En nuestro continente fracasó todo: la Justicia no fue más independiente y manipulada por el poder. El proceso legal también fue vulnerado y las prisiones preventivas se convirtieron en regla", amplió.
El miércoles había sido el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni quien apuntó contra el funcionamiento de la Justicia en el caso Milagro Sala y pidió la "intervención federal" en Jujuy.
"Desde un punto de vista puramente normativo, constitucional, creo que lo que corresponde mínimamente es una intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Jujuy", opinó el letrado.
Sala tiene firme una condena a cuatro años de prisión efectiva por agredir a un referente social y otra de dos años por amenazar a policías, además de una condena a 13 años por corrupción en la construcción de viviendas sociales.
En esa causa, la Cámara de Casación Penal de Jujuy comenzó las audiencias para analizar los recursos presentados por la defensa de Sala contra la sentencia.