Se trata de la causa por "defraudación por administración fraudulenta" que le generó a De Vido el desafuero en la Cámara de Diputados y su inmediata detención en octubre de 2017, por orden de la Cámara Federal porteña.
El rechazo a la excarcelación planteada fue decidido por mayoría con los votos de los jueces José Michilini y Ricardo Basílico mientras que el magistrado Adrián Grumberg votó en disidencia, según indicaron las fuentes.
Los abogados de De Vido habían planteado su excarcelación tras señalar que el próximo viernes se cumplen dos años de su encierro preventivo, el plazo máximo establecido por ley que establece también la posibilidad de prorrogarlo por un año más.
La investigación se centró en una supuesta maniobra defraudatoria consumada entre enero de 2008 y el 26 de enero de 2016 que "consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional –concretamente del ex Ministerio de Planificación Federal" que debían destinarse a la reconversión del Yacimiento Carbonífero Rio Turbio y habrían sido desviados, según consta en el expediente.
De acuerdo a la investigación, la maniobra se concretó mediante un convenio firmado con la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional y la Fundación Facultad Regional Santa Cruz (FRSC), en connivencia con funcionarios y empleados públicos del Ministerio de Planificación, Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
"El perjuicio a las arcas del Estado Nacional asciende, en principio y cuanto menos, a la suma de pesos ciento setenta y seis millones setenta y cuatro mil ($176.074.000)", estimó el juzgado que llevó adelante la investigación.
El importe "se compone de los montos efectivamente recibidos por la FRSC y la Fundación por `gastos administrativos´ reconocidos en los convenios investigados en el sumario, que ascienden a pesos noventa y un millones novecientos noventa mil ($ 91.990.000) y pesos ochenta y cuatro millones ochenta y tres mil ($ 84.083.000), respectivamente".
"De acuerdo a lo informado por la SIGEN, además, existe un monto de pesos ochenta y ocho millones trescientos veinte mil setecientos cincuenta ($ 88.320.750) en concepto de "gastos administrativos" que fue reclamado por la FRSC y la Fundación, pero no fue abonado por YCRT", se explicó.
Además de De Vido y el detenido ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Robeeto Baratta, fueron enviados a juicio los entonces secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral; el interventor de YCRT Pérez Osuna, el decano de la Facultad Regional de Santa Cruz de la UTN, Martín Juan Goicoechea; el Coordinador General de YCRT Miguel Ángel Larregina y la responsable de la Delegación Buenos Aires de YCRT, Marta Nilda Pérez.
A pesar de que fue el TOF 1 el que resolvió el planteo realizado por la defensa de De Vido, aún resta definirse qué tribunal llevará adelante el juicio, algo que deberá resolver la Cámara de Casación Penal.
El Caso Río Turbio, que había sido instruido por el juez Luis Rodríguez, cayó por sorteo en el TOF 1 pero ese tribunal entendió que debía intervenir el TOF 7 que juzgó el primero de los hechos.
Ante la negativa del TOF 7 de llevar adelante el juicio contra De vido y otros 18 imputados la cuestión de Competencia quedó trabada y deberá ser dirimida por la cámara de Casación Penal.