La historia se repite con asombrosas coincidencias e idénticos resultados: áreas hidrocarburíferas concesionadas por la Provincia, petroleras en falta, contaminación y pobladores que reclaman por los daños y por el pago de la servidumbre. Mientras tanto, la explotación de los yacimientos no se detiene y el reclamo de los propietarios cae una y otra vez en laberínticos pasillos dominados por la burocracia y las sospechas de corrupción.
En San Martín
En esta oportunidad el caso aparece en el norte de la provincia, a 55 kilómetros al oeste de Ballivián, en una finca denominada "Trasfondo de Baules" sobre la ruta provincial 141. Allí, en el lote 4 de la matrícula 4308, la firma Pluspetrol opera desde hace más de dos décadas y los propietarios aseguran que nunca pagaron servidumbre. El nivel de daño ambiental que observan en la propiedad como consecuencia de la actividad petrolera los movilizó nuevamente a presentar denuncias policiales y en la fiscalía penal.
El área en cuestión pertenece al yacimiento Ramos, que Pluspetrol Energy opera desde el año 91 y por un término de 25 años. Posteriormente la firma consiguió una ampliación y prórroga de ese plazo por otros 10 años más, con lo cual está habilitada para operar hasta el año 2026. Pese al tiempo transcurrido los propietarios afirman que nunca recibieron pago alguno por la servidumbre.
"Trasfondo de Baules" es una finca de 4.333 hectáreas, de las cuales casi 11 hectáreas fueron transformadas en caminos petroleros por parte de Pluspetrol.
La finca pertenece a la familia de Carla Roxana Seoane Martell, quien interpuso las acciones legales y hoy se encuentra a la espera de la fijación de la fecha de mediación penal por parte de la fiscal de Embarcación, Gabriela de Souto.
Seone Martel interpuso la denuncia policial contra la petrolera el 19 de septiembre pasado, asegurando que Pluspetrol opera desde hace 25 años en ese inmueble y nunca tuvo acuerdo con los propietarios.
"La empresa recibió la concesión de Ramos y desde entonces no asentó la servidumbre en ningún catastro. Nosotros tenemos iniciado un juicio civil en Capital Federal desde 2014. Pluspetrol aduce que le paga al vecino, pero tampoco figura inscripta ninguna servidumbre en ese catastro", afirmó la denunciante.
Luego de la denuncia en la Policía, Carla Seoane Martell amplió la presentación ante la fiscalía donde presentó la documentación que acredita la propiedad, informe de daños ambientales, fotografías y videos actualizados sobre la actividad petrolera en el lugar. Allí se observan quemas irregulares en lagunas de decantación, pozos con desechos, filtraciones de hidrocarburos en los arroyos de las quebradas y múltiples zonas de derrumbe en las laderas.