La gran apuesta legislativa del Gobierno de Iván Duque para el segundo año de sesiones en el Congreso empezó en agosto con la radicación de la ponencia del proyecto de reforma constitucional que busca implementar la prisión perpetua para quienes cometan delitos contra los niños y niñas, como violaciones, abusos, agresiones y asesinatos. Ahora también surgió una nueva propuesta que promete ser polémica: la pena de muerte para quienes cometan esos delitos.
De acuerdo a lo que publicó el periódico El Tiempo, la discusión no es de poca monta ya que hasta el momento imponer la pena capital está prohibido debido a que, según pronunciamientos de la Corte Constitucional y tratados internacionales firmados por el país, debe primar el derecho a la vida.
El artículo 11 de la Constitución de Colombia dice actualmente que “el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Lo que busca la iniciativa es, precisamente, reformar la Carta Política para hacer una excepción al artículo 11.
El mismo periódico consigna que para el representante Jaime Rodríguez, quien es el autor de la propuesta, “se requieren penas más estrictas”, pero el hacinamiento carcelario dificulta que se pueda tener a una persona condenada por este delito en cadena perpetua. “El argumento es que ya existen unas penas de 60 años, que son casi una cadena perpetua, y esto no ha servido para persuadir sobre la gravedad del delito. Así que con la pena de muerte se puede tener una posibilidad de que se reduzcan las cifras de crímenes en contra de niños”, afirmó el legislador en declaraciones recogidas por El Tiempo.
El primer debate de esta reforma se vivió este martes en la Comisión Primera de la Cámara, donde quedó en evidencia que la iniciativa tiene muy pocas posibilidades de prosperar. Hay dos obstáculos que conspiran contra la propuesta: los tiempos y los tratados internacionales que firmó Colombia, que prohíben expresamente la pena de muerte.
Por tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa debe superar cuatro debates antes del próximo 16 de diciembre, cuando termina el semestre legislativo. Esto es prácticamente imposible, más si se tiene en cuenta que la Comisión Primera de la Cámara decidió no darle debate hasta que se tenga un concepto del Consejo de Política Criminal, algo que podría tardar varias semanas.”.
Quién sí se mostró en contra fue el representante Germán Navas, pues se preguntó dónde se van a meter a estos presos con el actual sistema carcelario y calificó la norma de “populismo punitivo”.