Salta integra el Consejo Federal de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas para la Protección y Asistencia a las Víctimas, organismo que decidió en su última reunión anual avanzar en la consolidación de una red nacional de ayuda a las víctimas. El subsecretario de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos, Leandro Ramos, informó que para 2019 se espera la aprobación de la ley que crea un fideicomiso público de administración del fondo de asistencia directa a víctimas, que surge de los decomisos en condenas por delitos de trata de personas.
En el encuentro realizado en Puerto Madryn el funcionario del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia compartió la experiencia de Salta con relación al funcionamiento de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata, que este año cumplió el décimo aniversario. Esta dependencia articula acciones con la Policía, la Justicia Federal y los organismos que intervienen en la materia.
La reunión fue presidida por María Fernanda Rodríguez, coordinadora del Consejo, y la subsecretaria de Acceso a la Justicia, acompañada por la viceintendenta de Puerto Madryn, Xenia Gabella.
Además de los referentes de puntos focales provinciales de asistencia, participó la Organización Internacional para las Migraciones, organismo responsable de brindar asistencia técnica y financiera para el desarrollo e instalación de una plataforma de registro de instancias de asistencia a víctimas.
También asistieron referentes del departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de la Procuración de Buenos Aires, quienes abordaron la problemática de los delitos que son competencia de las jurisdicciones provinciales, pero que se cometieron para generar y/o sostener una situación de trata de personas.
Ramos destacó la importancia de trabajar en equipo y monitorear avances de manera permanente así como planificar acciones a futuro. El Consejo Federal convoca a reuniones periódicas en las distintas provincias a fin de proponer líneas de acción, articular dispositivos territoriales preventivos y abordar la protección y asistencia a las víctimas.