Para cumplir con el FMI , la cartera que conduce Nicolás Dujovne necesitará recuperar, en un año electoral , el terreno perdido por la devaluación en lo que se refiere a lo que los usuarios estaban pagando del costo de la energía tras la suba de tarifas .
Una de las propuestas en carpeta es que Cammesa deje de hacerse cargo de la compra de la energía en forma centralizada. Es un servicio que hace desde 2001, cuando se pesificaron las tarifas y el Estado se hizo cargo de la deuda en dólares luego de la convertibilidad.
La idea es que cada distribuidora de energía que llega a los usuarios finales negocie su propia compra. Una primera prueba piloto ya se da con las energías renovables. Desde 2017, por la resolución 281, las empresas pueden generar la propia energía que consumen y volcarla en la red, en lo que se conoce mercado a término (Mater). En total, ya hay 46 empresas, que suman el 6% de la demanda total de los grandes usuarios (los que consumen más de 300 kilowatts), que cerraron contratos por su cuenta.
"Los grandes usuarios que se van de la compra conjunta tienen dos beneficios. Primero, se les bonifica toda la potencia asociada, que es la reserva de energía térmica que tienen que tener porque las renovables son intermitentes, no generan energía de forma constante. Este beneficio disminuye con el tiempo, por eso cuanto antes se vayan de la compra conjunta, mejor. El otro beneficio es que no pagan cargos de comercialización y administración, que son los gastos derivados de que Cammesa organice y administre las compras conjuntas", explican en el Gobierno.
De los tres componentes que forman la tarifa eléctrica, el único que está subsidiado por la Nación es el costo al que compra Cammesa el abastecimiento de electricidad. La distribución depende de las provincias y es cada jurisdicción la que decide subsidiar o no el servicio, salvo Edenor y Edesur, que hasta febrero siguen bajo la órbita nacional.