En el pedido del fiscal
Gerardo Pollicita al juez Ercolini para indagar al financista Ernesto Clarens y
a los hermanos Gotti, entre otros imputados, se detectaron maniobras de lavado
de dinero por U$S 160 millones. En el juicio contra Báez por la ruta del dinero
K a través de “La Rosadita” se había descubierto el blanqueo de otros 60
millones de dólares.
En esta nueva causa las
maniobras financieras se hicieron a través de la famosa financiera Invernes que
manejaba el financista K Ernesto Clarens, procesado en la causa de los
cuadernos de las coimas. Invernes fue luego comprada directamente por el
entorno de Báez.
El ardid se concretó,
entre el 2003 y el 2010, a través de las constructoras Gotti y Gancedo, las
cuales también las manejaba Báez. Primero, las constructoras cedieron el cobro
de los cheques que les daba el gobierno por los certificados de avance de obra
en Santa Cruz a Invernes. Luego Invernes cambió más de 5 mil cheques en esas
financieras y cooperativas truchas por efectivo y sin pagar el impuesto al
cheque. .
Los cheques, en su
mayoría, era pagados por “servicios inexistentes” que figuraban, además, en
facturas truchas. El actual titular del INAES, Marcelo Collomb, comenzó en el
2015 una depuración del padrón de cooperativas, apartando a las truchas como
Coficred y Credisol que manejaba Clarens.
El pedido del fiscal se
basa, entre otras pruebas, en un escrito de la AFIP, que maneja Leandro
Cuccioli, preparado por el inspector Jaime Mecikovsky y la sucursal del
organismo fiscal de Comodoro Rivadavia. La AFIP cruzó los datos de los cheques
y los supuestos proveedores para descubrir estas conexiones asombrosas.
Gotti y Gancedo, que eran
controladas por Lázaro Báez para monopolizar la obra pública en Santa Cruz,
fueron las sociedades puente de la maniobra.
Como
prueba de la acusación, un perito ingeniero dijo que las facturas aportadas por
Gotti “no alcanza para dar por válidos ni los Proveedores, ni los bienes, ni
los servicios ni los montos de las erogaciones registradas”.