Con la algarabía por la cumbre del Grupo de los 20 aún fresca, y horas después de que la ministra Patricia Bullrich defendiera en forma enérgica el nuevo Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego de la Policía Federal, la diputada Elisa Carrió, principal socia del Gobierno, salió a criticar en durísimos términos la nueva disposición, de la que dijo que "viola los derechos humanos fundamentales".
"Nosotros no vamos a ir al fascismo. Esto no significa que la Policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano", arremetió la líder de la Coalición Cívica en su cuenta de Twitter, en lo que asoma como un nuevo capítulo en los cortocircuitos entre la diputada y la Casa Rosada que se multiplicaron en los últimos meses.
Ya entrada la noche, cuando sus dichos habían provocado el fastidio del entorno presidencial, la dirigente siguió con su catarsis. Y volvió a insistir en sus críticas vía redes sociales a la nueva disposición: "A los que se enojan conmigo por mi posición en seguridad les digo, el día que maten a un hijo solo por tener pelo largo o ser morocho se van a acordar de mí".
"Creo que le hace mal a ella. Qué se le va a hacer… así es la democracia", se lamentó un asesor presidencial ante este medio.
Ayer, el Gobierno aprobó la nueva disposición policial por decreto, que permite, entre otras modificaciones, que los efectivos policiales puedan disparar sin dar la voz de alto. "El 99% de la gente muere a manos de los delincuentes", justificó Bullrich, y recibió una lluvia de críticas por parte de la oposición y organismos vinculados a los Derechos Humanos. Pero hasta ahora, la funcionaria no había tenido reparos por parte de dirigentes de la coalición oficialista.
En la tarde de este martes, en declaraciones radicales, la ministra incluso había resaltado que el cambio en el uso de armas por parte de la Policía tuvo la aprobación presidencial: "Le pareció muy bien (a Macri)", dijo.
Por el contrario, la furia de Carrió radica no solo en el decreto en sí. Si no en que además no fue consultada, según confiaron sus colaboradores.
Ahora, volvió a desautorizar la opinión presidencial. "No me importa lo que opine el Presidente, sostengo lo mismo que decimos desde hace 25 años", escribió en su Twitter. Lo dijo al referirse a la discusión en torno al proyecto de modificación del financiamiento de los partidos políticos, que el Gobierno quiere impulsar en sesiones extraordinarias en el Congreso, que introduce los aportes empresarios -prohibidos durante las campañas desde fines del 2009- y que está trabado, en buena medida, por el rechazo de la Coalición Cívica.
"Voy a votar en contra del aporte de empresas a los partidos políticos, de acuerdo con la doctrina histórica de la CC ARI porque esto es lo que permite mantener la independencia para defender al pueblo", remarcó la diputada.