En medio del escándalo por las detenciones de políticos y empresarios que conmueven al poder, por las presuntas revelaciones de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, Mauricio Macri prepara el lanzamiento de un Plan Nacional Anticorrupción. En diciembre el Ejecutivo, cada ministerio y los organismos descentralizados deberán presentar un plan para profundizar políticas de transparencia para los próximos cinco años. El martes, el Presidente comprometerá a sus ministros en la reunión de Gabinete. Así se definió este mediodía durante la reunión que el mandatario compartió en Olivos con los integrantes de la mesa de transparencia. El Jefe de Estado busca trasladar la agenda de transparencia a las provincias. Sin ponerse colorados, en el Gobierno afirman que el encuentro en la quinta presidencial y el anuncio inminente nada tienen que ver con la coyuntura que le devolvió algo de oxígeno al Gobierno en medio de las penurias económicas. Tras referirse por primera vez a los cuadernos del chofer de Roberto Baratta, Macri se entusiasmó con el plan diseñado -bajo la tutela del vicejefe de Gabinete Mario Quintana- por la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, el secretario de Fortalecimiento Institucional Fernando Sánchez, el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, el síndico Alberto Gowland, el director de la Agencia de Acceso a la Información Eduardo Bertoni y el subsecretario Gobierno Abierto del ministerio de Modernización Rudi Borrmann. “Hay que darle para adelante más que nunca. Se hizo un montón, hay que seguir profundizando hay que ir hasta el final”, les dijo el mandatario. El Plan Nacional Anticorrupción 2019/2023 pretende replicar modelos similares de países como Gran Bretaña y Colombia. “Se hizo un montón, pero es importante ampliar y coordinar el trabajo para que la transformación sea sustentable”, explicó Alonso a Clarín.
Hay más razones para la presentación de un Plan Nacional. En el Ejecutivo tienen la percepción de que la ciudadanía no está informada sobre las políticas de transparencia que se ejecutaron hasta el momento. El Ejecutivo quiere volver a levantar una bandera que le trajo réditos políticos en el pasado y que en los últimos meses había quedado opacada por las denuncias por el financiamiento de aportantes truchos. En septiembre, a más tardar, el oficialismo enviará al Congreso el demorado proyecto para una nueva ley de Ética Pública, que llevará el nombre de “Integridad Pública”.
El Presidente además buscará impulsar la agenda de transparencia dentro del G20 que le toca presidir este año.