El Lava Jato que desató el juez federal Claudio Bonadio tras ordenar la detención de 11 ex funcionarios kirchneristas y empresarios también salpicó a dos de las obras más grandes que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri.
Bonadio dispuso el arresto de, entre otros, el dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner (de la empresa Esuco) y el ex gerente general de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, acusados de coimas con la obra pública.
La detención que incomoda a Macri es la de este último, que es su amigo y manejaba la empresa que perteneció a su primo, Ángelo Calcaterra, que por el momento quedó a salvo de la razzia del juez.
Sin embargo, las detenciones de Ferreyra y Wagner también impactan en las obras actuales, si bien en el Gobierno aclaran que fueron adjudicadas durante el mandato de Cristina Kirchner.
Una es la obra más importante de Macri, el "sistema Riachuelo", también conocida como "colector margen izquierda". Se trata de una tuneladora que realizará la red cloacal para llevar ese servicio básico a más de 5 millones de personas de 13 municipios del Conurbano y la Ciudad. Cuenta con el financiamiento del Banco Mundial por 1200 millones de dólares, el monto más grande que tiene invertida esa entidad en una obra para Sudamérica.
Esta obra está dividida en tres tramos. En el primero de ellos, la adjudicataria es una UTE compuesta por el consorcio Ghella-Iecsa, que también operan juntos en el soterramiento del tren Sarmiento, salpicado por el Lava Jato por la otrora intervención de la brasileña Odebrecht.
Del tercer tramo del sistema Riachuelo participa la a la UTE integrada por Esuco-JCR-CPC-C&E. Esuco es del recientemente detenido Wagner y CPC es la constructora creada por Cristóbal López, otro de los empresarios kirchneristas que está en la cárcel.
En tanto que Electroingeniería ganó junto a la china Gezhouba la adjudicación de la obra Agua Sur, confirmada en septiembre de 2017. Se trata de una obra de 3 mil millones de pesos con la que el Gobierno espera llevar agua potable a buena parte del sur del Conurbano. En el Ejecutivo explicaron a LPO que el contrato de esta obra fue cerrado durante la gestión del ex titular de Aysa, Carlos Ben, ahora cerca de ir a la cárcel. Y que no se inició nunca puesto que los chinos nunca acercaron los fondos para financiarla.
En el Gobierno explicaron que deben esperar la condena judicial de los empresarios detenidos para tomar cartas en el asunto.