La defensa técnica de los exintendentes Julio Moisés, Nilson Ortega y Alberto Ortiz y de la escribana Claudia Trenque, a cargo de Alberto Matuk y Ricardo De Aparici, presentó la incompetencia por inhibición del juez Isidoro Cruz ante el Juzgado Federal Nº 1 de Jujuy, pedido que fue rechazado por el entonces juez Mariano Wenceslao Cardozo.
El dictamen de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta no deja de causar sorpresa en la querella, ya que se trata de una cuestión ya rechazada con anterioridad, ante un recurso similar presentado por los abogados de Luis Cosentini, exministro de Tierra y Vivienda que se encuentra imputado en la causa y que está en la Corte Suprema de la Nación en espera de una resolución.
Frente al mismo planteo de Luis Paz, abogado de Milagro Sala, no apeló lo resuelto por el juez Eduardo Esteban Hansen, quien sostuvo que no existen motivos para atender el pedido de la defensa.
Ahora deberá ser la Justicia Federal de Buenos Aires la que acepte o rechace la decisión de la Cámara de Apelaciones de Salta y en caso de aceptar será el Ministerio Público de la Acusación, Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción de Jujuy las que eleven un petitorio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la necesidad de que sea el máximo tribunal el que sostenga la competencia de la justicia ordinaria de Jujuy en el tratamiento de la "Megacausa".
De esta manera se presenta un nuevo giro en la "Megacausa" que investiga el destino de 1.300 millones de pesos que fueron girados por Nación para la construcción de viviendas en esta provincia.
Los fundamentos que plantearon en el petitorio los abogados, refiere a la naturaleza de los fondos y que el perjuicio afecta a las arcas nacionales, sin tener en cuenta además la resolución qué jurisprudencia de la Corte da cuenta de que al llegar los fondos a Jujuy se provincializan. Otra de las razones es que al haber exfuncionarios nacionales involucrados como José López y Germán Nivelo, se debería litigar en Buenos Aires.