El anuncio fue realizado por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, junto con el secretario de Simplificación Productiva, Pedro Inchauste; el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Cusellas, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte, Pedro Sorop.
Entre otras cuestiones, el decreto deroga la Ley de Abastecimiento sancionada en octubre de 1952, que permitía y promovía la producción agropecuaria e industrial por parte del Ejército Argentino, bajo el argumento de que pudiera existir un esquema de autoabastecimiento en caso de guerra.
Esos campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que se encuentran en manos del Ejército pasarán a la tutela de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
“No estamos pensando en venderlos, pero está claro que no es el área específica del Ejército ocuparse de esos temas”, explicó Cabrera durante un contacto que mantuvo con la prensa.
En cuanto a las licitaciones de obras públicas, con el objetivo de agilizarlas, la norma estipula que los llamados iniciales ya no tendrán que publicarse en los boletines oficiales de las provincias y/o municipios en los que se desarrollarán las iniciativas.
“Estos trámites nos demoraba hasta meses”, dijo Sorop, quien explicó que a partir de ahora el inicio del proceso “alcanzará con su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el sitio web del organismo que licita”.
También se reducirán de diez a cinco los días los plazos de anticipación para publicar licitaciones por un monto de hasta 100 millones de pesos.
En cuanto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las Anses, el DNU prevé que la dependencia pueda crear de manera directa fideicomisos y operar con instrumentos “apropiados para invertir sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras modernas”, sin dejar de privilegiar el fin social para el que fue creado.
“Esto incluye desarrollar sistemas para expandir el programa de créditos Argenta”, destacó Cabrera, al referirse al programa que otorgó casi cuatro millones de créditos a jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y Asignaciones Familiares por más de 70.000 millones de pesos.