Los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita le solicitaron al juez federal Claudio Bonadio que disponga la intervención judicial de las sociedades comerciales Hotesur, Valle Mitre e Idea. Además pidieron que se decrete una medida de no innovar consistente en la prohibición de modificar la composición accionaria de esas firmas y que no se les permita distribuir dividendos. También le requirieron al magistrado que dicte la inhibición general de bienes de Valle Mitre e Idea.
Las sociedades son propietarias y administradoras de los hoteles que fueron adquiridos por los Kirchner y luego utilizados para lavar dinero, según el dictamen de los fiscales. Se trata de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén. El primero es propiedad de Hotesur, el segundo es de Máximo y Florencia Kirchner y el tercero le pertenece a Los Sauces, en definitiva los tres son de la familia de los ex presidentes. Los tres establecimientos fueron gerenciados por la firma Valle Mitre de Lázaro Báez y actualmente la explotación la está llevando a cabo Idea S.A. de Osvaldo "Bochi" Sanfelice. Pollicita y Mahiques pidieron que las ganancias de los hoteles así como los cánones locativos que le son pagados a Hotesur y a Máximo y Florencia Kirchner se depositen en una cuenta bancaria del juzgado. Buscan evitar que "se consolide el provecho del ilícito, se haga frente a las eventuales penas pecuniarias y se obstaculice la impunidad de los partícipes en este grave hecho de corrupción".
Para los fiscales, los miembros de esta asociación integrada por la familia Kirchner y personas de su más estrecha confianza defraudaron coordinada y sistemáticamente al Estado Nacional a través de una matriz de corrupción instaurada en el ámbito de la obra pública de Santa Cruz y buscaron legitimar una porción de ese beneficio económico obtenido por el delito cometido, a través de la actividad hotelera.
Los Kirchner compraron los hoteles con fondos aportados -en su mayoría- a través de préstamos y compra de inmuebles por el empresario Lázaro Báez, quien al mismo tiempo era el más favorecido con la adjudicación de obras públicas. Una vez que adquirió los establecimientos hoteleros, la familia Kirchner le cedió la administración y explotación a Valle Mitre -propiedad de Lázaro Báez- quien luego a través del alquiler de habitaciones y otras contrataciones le entregaba importantes sumas de dinero.
Luego de hacerse pública una denuncia por esta maniobra, era necesario apartar a Valle Mitre. Es así que los Kirchner desplazaron a la firma de Báez y colocaron en su lugar a Idea S.A., propiedad de otro hombre de confianza: Osvaldo Sanfelice, que continuó haciendo lo mismo que la anterior administradora.
De acuerdo con el razonamiento de los fiscales Pollicita y Mahiques, este mecanismo permitía que entrara el dinero "sucio" obtenido a través de la adjudicación irregular y con sobreprecios de la obra pública a la actividad hotelera por medio de la cual le daba una apariencia lícita y se lo entregaba "limpio" a los Kirchner. Una aceitada maquinaria para lavar activos.