La pelea de la fiscal general Luisa Ortega contra el resto de poderes del Estado en Venezuela sigue escalando.
Y su principal objetivo es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de actuar al dictado del Ejecutivo.
El lunes, después de que el TSJ desestimara el recurso que Ortega presentó la pasada semana contra la Asamblea Constituyente que promueve el presidente Nicolás Maduro para redactar una nueva Carta Magna, la fiscal contraatacó.
"Por la salud del país, (los magistrados) deberían ser desincorporados de forma inmediata", dijo el lunes en Unión Radio la fiscal tras presentar una demanda de nulidad ante el alto tribunal contra el nombramiento de 13 jueces titulares y 20 suplentes.
Los magistrados fueron elegidos a finales de 2015 por la Asamblea Nacional antes de que se formara un nuevo parlamento tras el triunfo de la oposición en las legislativas de diciembre de ese año.
Esas elecciones dieron el control del poder legislativo a la oposición, pero antes de cederlo, el oficialismo renovó gran parte del TSJ una vez acabado ya el año legislativo.
La oposición denunció entonces el nombramiento de magistrados afines al gobierno. Desde entonces, el máximo tribunal ha frenado con sus sentencias cualquier intento de legislar por parte de la Asamblea, a la que considera en desacato.
Y este martes dio un paso más al pedir un antejuicio de mérito contra ocho magistrados de la Sala Constitucional del TSJ.
"La solicitud es por cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del código penal", dijo Ortega, que denunció que las sentencias de esta sala atentan contra la nación y el Estado de Derecho.
De esta manera, Ortega, chavista pero muy crítica en los últimos tiempos con los otros poderes del Estado controlados por el oficialismo, se alinea de nuevo con las opiniones de la oposición, que desde hace más de dos meses promueve una ola de protestas contra el gobierno.
Lo acusan de ser el culpable de la crisis económica que sufre el país y de una deriva autoritaria. En hechos vinculados con las protestas han muerto ya casi 70 personas.