La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó hoy que la procuradora general de la Nación deberá abstenerse de realizar concursos para seleccionar fiscales en cargos vacantes con el cuestionado reglamento vigente, instaurado durante su gestión, hasta que no se falle el fondo de una demanda contra ese procedimiento.
En un fallo salomónico, los camaristas Jorge Morán (presidente de la flamante Asociación de Jueces Federales) y Marcelo Duffy, revocaron en cambio otras dos medidas cautelares dictadas a principios de año por el juez Esteban Furnari.
Así, validaron los concursos ya realizados con ese reglamento -lo que permitirá que continúen los procesos ya iniciados- y también los polémicos "traslados" de fiscales designados para una jurisdicción pero que se desempeñan en otra.
Como se tratan de medidas cautelares dictadas por el juez de primera instancia, el tribunal de alzada le indicó a Furnari que "deberá resolver el presente caso con la mayor perentoriedad posible". Es decir, que falle con rapidez sobre el fondo de la cuestión.
Los camaristas recordaron que ya había un fallo vigente dictado en otra causa en la que se había declarado la inconstitucionalidad del polémico reglamento creado durante la gestión de Gils Carbó para elegir a los postulantes a fiscal.
Ese antecedente (el caso Hughes) fue el que tomaron Morán y Duffy para mantener vigente la cautelar que le impide a Gils Carbó convocar a nuevos concursos bajo el actual procedimiento, cuestionado por la elección arbitraria de los jurados y porque en varios de ellos la procuradora misma presidió el jurado.
El año pasado, los camaristas José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez habían dicho en el caso Hughes que "un adecuado proceso de designación de los miembros del Poder Judicial, que sea transparente y garantice la igualdad de los candidatos, es garantía fundamental para su independencia".
Esos camaristas habían dicho en aquella causa que "al suprimir el sistema de sorteo y retornar al mecanismo de designación de jurados en forma directa y discrecional" Gils Carbó violentó "claramente" el principio de progresividad de los derechos y que ello significó un "retroceso institucional".
El amparo contra el procedimiento de selección de los futuros fiscales y los polémicos traslados de fiscales de una jurisdicción para la que fueron designados a otra más conveniente a los intereses de la Procuración había sido presentado por la agrupación de abogados nucleados en la asociación Será Justicia.