El legislador radical Eudoro Aráoz (bloque UCR) se presentó el viernes en los tribunales penales de la Justicia provincial y solicitó la apertura de una investigación por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, peculado y violación de los deberes del funcionario público, a través de la entrega de supuestos subsidios denominados “gastos sociales”.
A diferencia de las causas abiertas desde noviembre de 2015, Aráoz apuntó al entonces gobernador, José Alperovich, y dos hombres clave para las finanzas de su gestión, Jorge Jiménez (ex ministro de Economía, hoy vocal del Tribunal Fiscal de Apelaciones) y Rolando Steimberg (sigue ejerciendo como secretario de Hacienda). También señaló al actual mandatario provincial, Juan Luis Manzur; de todas formas, el entonces vicegobernador -y por ello, ex titular del Poder Legislativo- ya figuraba en la denuncia penal que había formulado el abogado y peronista disidente Oscar López pocos días después de las primeras publicaciones del caso.
En 2015, autoridades de la anterior composición de la Legislatura aprobaron la ejecución de $ 615 millones en supuestos subsidios, denominados “gastos sociales”. El monto equivale al 40% del presupuesto total de la Cámara para ese año. El régimen ya fue derogado, pero les permitía a los miembros del cuerpo colegiado manejar efectivo en paralelo a la “dieta”, única remuneración autorizada por la Constitución provincial para los representantes del pueblo. De todas formas, la hipótesis del radical Aráoz -afín al titular del Plan Belgrano, José Cano- es que gran parte de los $ 615 millones que quedaron registrados como “gastos sociales” en realidad fueron a parar a la campaña del oficialismo.
En su denuncia, el opositor describió cómo habría sido la maniobra desde su origen. Apuntó contra Alperovich y sus hombres de confianza en Economía, quienes habían concretado una transferencia de $ 570 millones del Tesoro de la Provincia a la Legislatura a través de dos decretos (2.812/3 SH y 2.941 SH) firmados en septiembre de 2015. Aráoz en el planteo que, según los instrumentos oficiales, esa plata estaba destinada a la partida 100 del Poder Legislativo, que se utiliza para pagar sueldos. Sin embargo, añadió que a través de decretos internos, el entonces vicegobernador trasladó esa plata a las cuentas de la partida 500, de donde se extraen los recursos para “ayudas sociales a personas” y otros subsidios parlamentarios.
“Toda la maniobra habría sido urdida y predeterminada para gastar sin control alguno, y en violación a la Ley de Presupuesto, y eventualmente apropiarse (de esos fondos”, afirmó Aráoz. Indicó además que inició una demanda administrativa para acceder a las rendiciones de cuentas, pero que la Legislatura se resiste. Y pidió que se dé lugar al juez de Instrucción de turno para avanzar contra los funcionarios con fueros.
Apuntes del caso
Del banco a la Legislatura
En noviembre de 2015, reveló la operatoria de “la ruta de las valijas”: un empleado de la Legislatura se apersonaba en el Banco del Tucumán-Grupo Macro y retiraba dinero en valijas (en cada una cabían hasta $ 6 millones) y lo llevaba a la sede parlamentaria. Entre junio, julio y agosto, el monto de extracciones alcanzó los $ 200 millones, según informes bancarios. El presupuesto original de la Legislatura de ese año era de $ 960 millones. Pero en septiembre de 2015, el cuerpo aprobó una ampliación presupuestaria secreta y elevó los recursos totales hasta $ 1.529 millones.