El requerimiento giró en torno a tres ejes centrales: en los supuestos ilícitos se habrían visto afectadas las rentas nacionales y en caso de no haberse destinado los fondos a los fines previstos la provincia debería haberlos devuelto; según las denuncias de la supuesta connivencia para apropiarse de los fondos habrían participado funcionarios federales y se violó el principio del “Juez Natural” para investigar los hechos denunciados.
En el escrito, la defensa de Milagro Sala advirtió que, según surge de las propias acusaciones, es la justicia federal la que debería investigar los hechos denunciados y no el fuero provincial. “Según los hechos por los cuales se acusa a Milagro Sala, se habrían afectado las rentas y los intereses del Estado nacional.
Entre las cláusulas de los convenios firmados, se establecía que de no rendir la provincia el dinero enviado para la ejecución de obras, el Estado provincial, a través del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy deberían haber devuelto el dinero a las arcas nacionales.
En ese marco, los principios elementales de independencia e imparcialidad judicial desaconsejan que las causas penales de las que derivarán obligaciones de la provincia ante el Estado nacional tramiten en el fuero provincial”, señalaron desde la defensa de la diputada del Parlasur.
A su vez los abogados indicaron que “el modo en que han sido imputados los hechos a la dirigente, supone la participación en los supuestos ilícitos de funcionarios federales, que fueron también imputados y prestaron declaración indagatoria”.
En ese caso, también es competencia de la justicia federal investigar los hechos y no de la provincial. Por último, los abogados de la defensa señalaron que, en función de los argumentos precedentes, la investigación no se encuentra en manos del Juez Natural, violándose así los principios básicos de independencia e imparcialidad.
“Es la Justicia Federal la que debe llevar adelante la investigación y el juzgamiento de estos hechos”, aseguraron los letrados.