La causa por la denuncia de malversación de fondos de la Municipalidad de General Güemes contra su ex intendente, Daniel Segura, será finalmente llevada adelante por la Justicia Federal y no la provincial. La Sala III de la ámara Federal de Casación Penal revocó un fallo que declaraba la incompetencia de la Justicia Federal en el caso, como lo había determinado el Juzgado Federal Nº 1 de Salta.
Por mayoría de votos, el de los jueces Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, el Tribunal hizo lugar a la apelación del Fiscal General Subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Eduardo José Villalba.
La denuncia
La causa se inició a partir de la denuncia formulada por la actual intendente de General Güemes, Alejandra Fernández Salcedo, contra el ex jefe comunal y otros funcionarios por el faltante de dinero proveniente de convenios celebrados con la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, el Registro Nacional de Trabajo y Empleo Agrario (RENATEA) y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para la adquisición de bienes mobiliarios y por un total de $2.002.801,81.
La Cámara tuvo en cuenta que se trataban de fondos girados por la Nación a la comuna con fines asistenciales específicos y prioritarios, y no de libre disponibilidad, habiéndose impuesto la obligación a la comuna de reintegrar los montos entregados en caso de incumplir la finalidad prevista o de no rendir cuentas.
En su voto, el juez Gemignani destacó que se encontraban afectados intereses nacionales, ya que “la propiedad del Estado Nacional sobre el dinero transferido subsiste hasta tanto se dé cabal cumplimiento a las obligaciones pactadas. Sólo entonces el dinero queda definitivamente incorporado al patrimonio municipal”.
En la misma línea, Riggi dijo que la justicia federal debía continuar interviniendo en la causa, ya que no era posible descartar la existencia de maniobras susceptibles de perjudicar directa y exclusivamente a la Nación, y que de las constancias de la causa surgía que, en principio, no se habría cumplido con la finalidad para la cual fueron otorgados los subsidios.