La Oficina Anticorrupción, que conduce Laura Alonso, le pedirá informes al nuevo Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, sobre su trabajo para el Grupo Macri para determinar si existe conflicto de interés.
Tras conocerse que Saravia Frías, que reemplazó al radical Carlos Balbín, está cruzado de conflictos de intereses, la OA tuvo que reaccionar y este martes le enviará una nota al abogado para que detalle quiénes fueron sus clientes en el actividad privada y cuándo trabajó para el Grupo Macri (algo que figura en su página web), entre otros puntos.
En caso de determinar que puede existir conflicto de interés, la OA le hará una "recomendación" a Saravia Frías, que seguramente implique que se excuse en los casos que le puedan rozar, lo que hasta ahora se ha limitado a hacer la oficina de Alonso con el resto de los funcionarios que vienen del sector privado.
Además del Grupo Macri, el estudio de Saravia Frías representó a más de una decena de bancos, entre ellos el Hipotecario, Icbc, Itaú, Bank of America y Supervielle. También a compañías como Merrill Lynch, Oracle, Alcatel Lucent, y tiene como clientes a empresas mineras como Yamana Gold, OroCobre y Mega Uranium.
Además, Saravia Frias trabajó en la campaña presidencial de Ernesto Sanz y habría sido aportante de su campaña. Fuentes de la UCR señalaron que el flamante procurador no fue en sí un aportante directo sino que le vendió a Sanz un sistema de crowdfunding (financiación colectiva) de campaña.
Más allá de esos antecedentes, en la OA dicen que todavía no queda claro si hay conflicto de interés y por eso le enviarán la nota a Saravia Frías pidiendo información sobre sus trabajos.
Por último, fuentes de la oficina indicaron que la idea es realizar una reforma para que el Poder Ejecutivo Nacional esté obligado a realizar una consulta formal ante la OA antes de designar a un funcionario de alto rango.
Semanas atrás, el gobierno de Mauricio Macri se vio obligado a regular los casos donde existen conflictos de interés por el escándalo del Correo Argentino. Según los decretos publicados por el Poder Ejecutivo, los organismos encargados de intervenir en esos casos son la OA y, justamente, la Procuración del Tesoro.