En agosto pasado, los mineros cooperativistas protagonizaron bloqueos de caminos en demanda de que el Gobierno atienda su pliego de 10 puntos. En ese contexto se suscitaron enfrentamientos con la Policía que derivaron en la muerte de cuatro mineros por arma de fuego.
A pesar de que el Gobierno negó que haya ordenado a los policías armarse, Tezanos ratificó que la Policía sí usó armas letales, y que como pruebas están los testimonios de víctimas, informes médicos, los casquillos y reportes de los mismos efectivos.
“Ellos mismos (funcionarios policiales) nos han hecho conocer que hubo armas de nueve milímetros que se utilizaron en el conflicto de los mineros por parte de algunos miembros de la Policía Boliviana”, manifestó el Defensor durante un informe ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
El martes, el fiscal general Ramiro Guerrero informó ante la misma instancia que se habían interrogado a 88 policías en el caso de la muerte de los mineros, pero no se hallaron indicios de quiénes mataron a los cooperativistas.
Según el Defensor, es “posible” que los policías hayan movilizados por un sentimiento de “venganza” y de “víctimas” para utilizar armas letales en los enfrentamientos con mineros del 24 y 25 de agosto. “Era muy humano que esté esa expresión”, señaló.
Recordó las jornadas del 11 y 12 de agosto, en la cuales mineros tomaron rehenes a policías y los sometieron a torturas y vejámenes. Para Tezanos, esos hechos evidencian “la mala conducción de parte del Alto Mando Policial”.
Explicó que esos antecedentes pudieron motivar que los efectivos policiales hayan optado por armarse.
Mientras, el ministro de Gobierno, Carlos Romero afirmó que el Defensor del Pueblo tiene que responder por su actuación en el bloqueo de los cooperativitas.
Por su parte el ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió a las poblaciones de Llallagua de norte Potosí y Viloco de La Paz, que no protejan a mineros cooperativistas implicados en el asesinato del ex viceministro Rodolfo Illanes.
Instó a estas localidades que no se interpongan si existe algún operativo policial en sus territorios.