Garavano pasó por un plenario de comisiones para exponer sobre el proyecto del Gobierno que plantea modificar el Código Procesal Penal, algo que el kirchernismo había sancionado pero Mauricio Macri lo suspendió cuando asumió.
Afirmó que la implementación tardará "al menos cuatro años según las versiones más optimistas" y que Argentina "atravesará un lapso muy grande en el que se tendrá que convivir con ambos sistemas", el nuevo se iría aplicando por etapas en distintas provincias del Norte y el sur del país.
El ministro llamó a un diálogo para lograr coordinación entre la propuesta de Macri y los proyectos ya aprobados o aquellos que están en discusión en las cámaras, como por ejemplo la ley del arrepentido, que aún debe sancionarse, un proyecto redactado con base en el actual código y si continúa igual puede contradecirse con el nuevo Código Procesal Penal.
La discordancia fue expresada al principio de la sesión por el presidente de la Bicameral de Monitoreo de Implementación del Nuevo Código Procesal, Rodolfo Urtubey. “Hay proyectos del Poder Ejecutivo que no coinciden con proyectos que hay presentados o con media sanción” y agregó que “va a haber que hacer un esfuerzo de compatibilización”.
Garavano explicó que el nuevo gobierno optó “por hacer cambios específicos, puntuales. Queríamos hacer la menor cantidad de retoques posibles y mantener la lógica” de la norma antes sancionada y que apuntan a establecer “pautas objetivas (a los jueces) para definir cuando estamos frente a un entorpecimiento de la acción de la justicia o pautas objetivas para evaluar el peligro de fuga para definir una prisión preventiva” y asegurar la prisión efectiva en delitos con penas mayores de 3 años si lo pide el fiscal.
Uno de los cambios que se propone es una restricción de las excarcelaciones. También, el ministro mencionó la cuestión de las prisiones preventivas y la intención de que, "aquellos jueces que condenan a una persona a prisión efectiva por más de tres años, puedan disponer la prisión preventiva para asegurar que esa sentencia tenga aseguramiento, dado que ya hay un tribunal que declaró la culpabilidad de la persona".
En la reunión participó también la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Pedro Guastavino, y el coordinador del programa “Justicia 2020”, Ricardo Gil Lavedra, quien aseguró que las reformas apuntan a federalizar la justicia.