Casi $ 750.000 millones será el presupuesto de la gratuidad 2017, 55% más que en 2016, según consigna la partida de Educación de la Ley de Presupuestos que ingresó ayer al parlamento. El gobierno espera duplicar los beneficiados de este año, que fueron 140.000 alumnos, e integrar por primera vez la formación técnica profesional a esta política. “Este proyecto de presupuesto contiene recursos para crecer la base de instituciones que adscriben a la gratuidad, incluyendo CFT e IP y también tiene recursos adicionales para estudiantes en universidades”, señaló el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Pero sumar a los estudiantes técnicos no es el único cambio de la gratuidad 2017, pues las exigencias que tendrán que cumplir las instituciones serán mayores. A los cuatro años de acreditación institucional y además una configuración jurídica sin fines de lucro, el documento explicita que los planteles deberán “informar al Ministerio de Educación (Mineduc) el uso de los recursos recibidos”. Esto tendrán que hacerlo un año después de que reciban la última transferencia.
A todo esto se suma que si no cumplen con las exigencias, arriesgan “ser sancionados con la exclusión de acceder al financiamiento institucional del acceso gratuito”, consigna el proyecto.
Otra de las novedades de este año es que a las universidades se les pedirá participar en el Sistema Unico de Admisión (SUA), es decir, vía PSU. De no estar en el SUA, la iniciativa gubernamental señala que tienen que contar “con un sistema de admisión transparente, objetivo y que no implique discriminaciones arbitrarias, basado en el mérito de los estudiantes”.
Para reforzar el requisito de admisión, que estuvo ausente el año pasado y causó cuestionamientos por la presencia de la U. Autónoma en la gratuidad, el proyecto establece que los planteles universitarios “deberán cumplir con que al menos el 80% de los estudiantes matriculados para 2017 en primer año (...) cuenten con un puntaje ponderado promedio, igual o mayor a 450 puntos entre la PSU de Lenguaje y Matemáticas, el puntaje de notas de enseñanza media (NEM) y el puntaje ranking”.
El rector de la UC del Maule y vicepresidente alterno del Consejo de Rectores (Cruch), Diego Durán, señaló que “pareciera que estos requisitos buscan darle mayor seriedad a la gratuidad y entregar mayor garantías a los estudiantes y al Estado”.
Adicionalmente, este año se volverá a exigir a las instituciones que los alumnos que se incorporen por primera vez no superen el 2,7% de los estudiantes nuevos matriculados el año anterior. Pero, esta vez, la glosa plantea que aquellas instituciones que tengan planes de desarrollo que daten de antes de diciembre de 2015 tengan un límite de un 10%.
“Es razonable una limitación de matrícula, pero es complicado cuando se dice, por otro lado, que se busca potenciar a las instituciones públicas del Cruch. Esperamos que se continúe permitiendo que aquellos planteles que tenemos proyectos antiguos en desarrollo sigamos adelante con ellos”, remarcó Durán.
Requisitos para técnicos
Los IP y CFT que quieran sumarse a la gratuidad no podrán tener fines de lucro y deberán figurar con una acreditación de cuatro años al 23 de diciembre de 2016. También deberán contar con un “sistema de admisión transparente, objetivo y pertinente que no implique discriminaciones arbitrarias y que favorezca a estudiantes egresados de establecimientos de enseñanza media técnico-profesional y a trabajadores del área”, señala la glosa presupuestaria.
Para Ricardo Paredes, rector del Duoc UC, es “injusto que a los alumnos del sector técnico se les siguiera discriminando” y respecto de los requisitos de admisión dijo estar de acuerdo: “Me parece muy bien que haya un criterio que descarte la discriminación arbitraria, que sea objetivo, verificable y también que favorezca a los estudiantes provenientes de educación media técnica”.
Para aquellos planteles técnicos que figuren con fines de lucro actualmente, el proyecto plantea que podrán adscribirse a la gratuidad si antes del 15 de diciembre de 2016 entregan al Mineduc “los estatutos de constitución de la nueva persona sin fines de lucro”. En dicho documento deberá constar que los socios o accionistas de la institución han decidido transformarse y la fecha en que la institución comenzará a funcionar sin la posibilidad de retirar utilidades, lo que no podrá exceder del 31 de enero de 2018.
Cabe destacar que el proyecto que precisamente permite el cambio jurídico a sin fines de lucro está actualmente en tramitación en el Senado.