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22 de septiembre de 2016

Para evita la contaminación empresas deben renovar permisos cada cinco años

La normativa responde a la fuerte exposición que tienen ciudades como Calama o Antofagasta a las externalidades negativas relativas a la explotación y/o transporte de minerales como el concentrado de cobre.

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antofagasta

La diputada por la Región de Antofagasta, Marcela Hernando, presentó un proyecto para que las empresas deban renovar sus resoluciones de calificación ambiental (RCA) cada cinco años, con el fin de revisar el funcionamiento de la actividad y actualizar sus medidas de protección para su entorno.

Lo anterior, según la legisladora, por la fuerte exposición que tienen ciudades como Calama o Antofagasta a las externalidades negativas relativas a la explotación y/o transporte de minerales como el concentrado de cobre.

Por ello, en la fundamentación de su iniciativa Hernando recordó el caso de los proyectos ‘Terminal de Embarque de Graneles Mirenales, Puerto Antofagasta, II Región’ (RCA N° 131/2013) y ‘Sistema de Acopio de Concentrados , Puerto Antofagasta, Acopio de Concentrados en Puerto Antofagasta’ (RCA N° 12/2006), en los cuales la Superintendencia de Medio Ambiente detectó graves falencias, “iniciando acciones judiciales para dejar sin efecto dichas Resoluciones de Calificación Ambiental, aunque no obteniendo una decisión judicial favorable”.

“Habiendo avances tecnológicos que además van dejando obsoletas aquellas cosas que están propuestas por las empresas como formas de remediación lo que estamos proponiendo entonces es que cada cinco años se evalúe de oficio y obligatoriamente las tecnologías y que pueda hacerse una especie de ‘upgrade’ de todas estas resoluciones”, agregó.

Es así que lo que propone la diputada es sustituir el actual inciso primero del artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para que cualquier RCA aprobada por el Ministerio de Medioambiente sea revisada de oficio por los órganos administrativos respectivos en un plazo de 5 años, con el objetivo de “verificar que se cumpla la normativa medio ambiental vigente y lo dispuesto en la misma resolución”.

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