Alejandra Martínez, diputada nacional, criticó los cuestionamientos de diputados de la oposición respecto a la acordada del Superior Tribunal de Justicia que reglamenta la ley de creación de los Juzgados especializados en violencia de género. “Las políticas de género nunca estuvieron entre las prioridades de ese espacio, con sus argumentos buscan obstaculizar el funcionamiento de estos juzgados”, puntualizó.
Relató Martínez que desde el bloque Justicialista cuestionaron en la última sesión de la Legislatura, la creación de los juzgados especializados en violencia de género en Jujuy, según argumentaron, dijo, el Superior Tribunal habría “avanzado sobre potestades que no tiene” al dictar la acordada Nº183/16, que reglamenta la ley Nº5.897, respecto a la cual la diputada nacional calificó a la norma como de “avanzada” en todo el país y que fue una de las primeras leyes que el Ejecutivo envió a la Legislatura tras asumir en diciembre del año pasado. Recordemos que el presidente del bloque de diputados Justicialistas, Javier Hinojo, llegó a decir que ésta era una ley inconstitucional.
Siguió relatando Martínez que para fundar su posición, los legisladores fellneristas citaron el inc. 9 del art. 123 de nuestra Constitución Provincial, sin embargo, agregó, omitieron referirse a la potestad del Poder Judicial para darse su propio reglamento, estableciendo “las normas para el funcionamiento de los tribunales, juzgados, ministerio público y demás organismos auxiliares”, esta es una atribución que se prevé en el mismo texto citado por ellos: la Constitución de Jujuy (apartado 2º del inc. 3º del art. 146).
Continuo argumentando que desde la oposición “olvidaron” recordar que la facultad para establecer el procedimiento a seguir en estos juzgados especializados fue delegada por la propia Legislatura al Superior Tribunal de Justicia y que así lo establece en forma explícita e indubitable el segundo párrafo del art. 4º de la ley Nº5.897, facultad delegada que el Poder Judicial ejerció dentro de un marco constitucionalmente previsto.
La legisladora nacional interpretó que el planteo de la oposición obedece a una postura política histórica respecto a las políticas de género, recordó la oposición del kirchnerismo a la ley de cupo femenino, y las maniobras para retrasar la sanción de una norma que ya había sido receptada en la Nación y en muchas otras provincias. “Ahora buscan obstaculizar el funcionamiento de estos juzgados sobre violencia de género, empleando argumentos en los que puede leerse, entre líneas, la reiteración de ese mismo sesgo contrario a los derechos de la mujer. Las políticas de género nunca estuvieron entre las prioridades de ese espacio”, afirmó.
“El gobierno que encabeza Gerardo Morales, que todavía no ha cumplido siquiera su primer año de gestión, ya hizo más por esta lucha que todo el fellnerismo en su larga y accidentada gestión”, puntualizó y enumeró que estos meses se dispuso la implementación del botón antipánico, la creación de un área dentro del servicio de seguridad orientada a las víctimas. “Resulta desafortunado que referentes de ese espacio se esfuercen en subrayar que ya existían leyes de este tipo en la Argentina. No buscamos ganar una competencia, sino ampliar derechos y proteger a las jujeñas”, remarcó.
Lamentó que la discusión se banalice y puso de relieve que la creación de estos juzgados no responde a un mero capricho, sino a una necesidad imperiosa en nuestra sociedad: contar con fueros especializados que aseguren la efectiva prestación del servicio de justicia (inc. 1º del art. 146 de nuestra Constitución). “La violencia de género, que afecta a todo el país, se agrava en nuestra región, donde la tasa de femicidios en relación con el total de homicidios resulta preocupante”, analizó.
Jueces y juezas con
perspectiva de género
Martínez opinó que “la creación de estos tribunales fue celebrada en todo el país y que en nuestra provincia precisamos jueces y juezas con perspectiva de género, es decir- aseguró-, con aptitud para analizar todas las dimensiones de esta problemática sin caer en prejuicios y burocracias excesivas”.
“Con una comprensión profunda de todos los obstáculos que atraviesa una mujer en un contexto de violencia. No es una tarea que pueda emprender un magistrado que no se ha formado específicamente para ella”, indicó.
Finalizó diciendo que el planteo de diputados justicialistas no debiera retrasar siquiera un día la puesta en marcha de los juzgados especializados en violencia de género, comentó que en Argentina, una mujer muere cada 30 horas a causa de esta violencia, “no es una cuestión que amerite mezquindades políticas”, concluyó.