El funcionario justificó la exigencia de tres campamentos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para tareas de erradicación.
“No podemos tapar el sol con un dedo, hay gente por necesidad va aumentando un medio cato o una cuartilla y para eso hay más de 14 campamentos que trabajan racionalizando los cultivos de la gente que no ha cumplido”, manifestó.
Anunció que este tema como el proyecto Ley General de la Hoja de Coca serán analizados en el ampliado de la Federación Yungas Chapare, previsto para la próxima semana.
Entre tanto, rige la autorización de cultivar solo un cato de coca que deberá ser respetado para lograr la aprobación de la Ley General de la Hoja Coca, que ya debía estar siendo tratado en la Asamblea, pero por estos problemas aún se demora su tratamiento.
Lucha por cultivos
La actual legislación que viene de gobiernos anteriores no castiga con penas de cárcel el cultivo ilegal de coca porque fue Evo Morales quien lideró desde finales de los 80 una larga lucha de los cocaleros del Chapare para que se les permitiera sembrar coca en esa región del centro del país, lo que le permitió después saltar a la política hasta convertirse en presidente en 2006.
La siembra legal de coca está autorizada para usos culturales y tradicionales, entre ellos la elaboración de infusiones y el masticado de hojas secas de coca que amplios sectores del país practican para contrarrestar el cansancio, el hambre y el mal de montaña. También se usa la coca en rituales y ofrendas a la Pachamama (Madre Tierra).
Según los sindicatos cocaleros, Morales delimitó las áreas de cultivo legales y erradicó coca en forma pacífica.
Proponen tres años de cárcel
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, anunció el lunes 22 de agosto que pedirá al Legislativo que la nueva "Ley general de la Hoja de coca" sancione con tres años de cárcel a los dueños de cultivos ilegales.
Las zonas ilegales de producción de coca son aquellas que están fuera del Chapare del Departamento de Cochabamba y los Yungas y una parte de las provincias Murillo, Muñecas, Franz Tamayo y Caranavi del Departamento de La Paz.
Según Cáceres, la sanción penal para el caso de cultivos ilegales es urgente porque hay personas que incumplen una prohibición sobre el tema establecida en la actual Ley 1008, de Régimen de Coca y Sustancias Controladas, e incluso reinciden con sus actitudes incluso con incursiones en parques nacionales.
Recordó que la restricción es vulnerada porque la norma reguladora no fija sanción alguna para los cultivadores ilegales de coca.