Cambiemos y el massismo llevan días embarcados en una disputa pública inusualmente cruda, al punto que incluyó un cruce directo entre el presidente Mauricio Macri y el diputado Sergio Massa, que continuaron el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, y el diputado massista y directivo de la UIA José Ignacio De Mendiguren.
"Debería manejarse con números, con estadísticas serias. Porque hablar por hablar, al final es todo lo mismo, ¿no? Hace mucho mal", dijo Macri el lunes, desde China. "Si nuestra gente tiene capacidad de consumo con plata en el bolsillo, puede comprar, y nuestras PyMEs pueden vender, en la medida en que no tengamos esa invasión sistemática de 'todo por dos pesos' que destruyen el trabajo argentino", le contestó Massa.
El eje de esa discusión es un proyecto del Frente Renovador que declara la emergencia aduanera por 120 días, tanto para frenar las importaciones de bienes de consumo que se producen en el país (salvo los insumos industriales y médicos) como para que se revisen los sistemas de control que quedaron bajo sospecha con la salida del administrador general de Aduanas Juan José Gómez Centurión.
Emergencia y licencias
no automáticas
Los artículos 1° y 2° declaran la emergencia aduanera por 120 días, prorrogable por el mismo plazo, y establecen que los productos de consumo que ingresen por la Aduana deben ser cursados a través del canal de selectividad rojo. Esto implica que su ingreso no es automático y libre, sino que los agentes de la aduana deben verificar la cantidad y calidad de la mercadería, como también su documentación, lo que en los hechos plantea, cuanto menos, una demora en el ingreso de estos productos.
El proyecto no establece reparos para el ingreso de los insumos de la cadena industrial y productiva nacional, como tampoco para los productos y aparatos de la industria médica "y otros bienes esenciales que no sean producidos en el país".
En ese lapso de 120 días, el massismo plantea que el Gobierno adquiera la tecnología de control y revise todos los sistemas de fiscalización que quedaron bajo sospecha tras las denuncias de Gómez Centurión y su posterior apartamiento.
Aumento de
penas y multas
Del artículo 3° al 7°, el proyecto eleva las penas y multas para el contrabando de mercaderías y estupefacientes. El artículo 3° eleva a 10 años el máximo de la pena fijado en el artículo 864 del Código Aduanero para quienes eluden o falsean controles para introducir mercaderías. También vuelve no excarcelable estos delitos (sube el mínimo de la pena a tres años) para cuando participa un funcionario público.
El artículo 4° eleva a doce años el máximo de la pena cuando en el delito de contrabando participan tres o más personas, cuando el autor o instigador es un funcionario, cuando involucran violencia o, entre otros casos, se utilicen pistas o rutas clandestinas. El artículo 5° eleva las multas (artículo 876 del Código Aduanero) de 4 a 20 veces el valor de la mercadería contrabandeada a 6 a 30 veces.
El artículo 6° eleva las penas (de cinco años a prisión perpetua) y multas (de 5000 pesos a 10 millones de pesos) cuando el contrabando involucra drogas o elementos peligrosos. El artículo 7°, finalmente, incluye en las sanciones a las personas jurídicas.
Registro de Posiciones
Sensibles de Importación
Los artículos 8°, 9° y 10° crean un Registro de Posiciones Sensibles de Importación para dinamizar el monitoreo permanente de los bienes que ingresan al país y lo coloca bajo la órbita del Ministerio de la Producción y el Consejo de Monitoreo y Competitividad de las micro y pequeñas y medianas empresas. También le dan 120 días al Ministerio para que informe al Congreso cuáles productos y actividades integran el registro y qué planes existen para fortalecer esos sectores.