En una acción sin precedentes, el Gobierno nacional estableció la recuperación de áreas mineras que algunas cooperativas subarrendaban a empresas privadas nacionales o extranjeras.
El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, informó ayer sobre los alcances de los decretos que regulan la actividad de las cooperativas mineras del país, uno de los cuales hace referencia a la reversión de las áreas que habían sido entregadas a empresas privadas.
“Se establece la reversión de todas las áreas en donde algunas cooperativas suscribieron contratos de arrendamiento, de riesgo compartido con empresas privadas nacionales o extranjeras, porque muchas de estas áreas estaban como arrendamiento de la Comibol a las cooperativas y las cooperativas subarrendaron estas áreas a algunas empresas privadas”, explicó el ministro potosino.
Navarro dijo: “lo que más nos llama la atención es que del cien por ciento del ingreso bruto el 1,5 por ciento iba a las cooperativas mineras, el 2,5 por ciento a la Comibol y el 96 por ciento se quedaba para la empresa privada”.
Durante muchos años los socios de algunas cooperativas mineras habrían lograron altas ganancias solamente por el subalquiler de áreas entregadas por el Estado para que sean trabajadas por los productores nacionales.
En el caso de la Empresa Minera Manquiri, serían ocho cooperativas las que entregaron sus pallacos y desmontes a la compañía, son las mismas ocho cooperativas que en el pasado cedieron un total de 2 millones de desmontes y pallacos a la Compañía Minera Concepción (Comco), de propiedad del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada generando varios millones de dólares. El contrato de Manquiri tendría similares características que el de Comco con el mismo porcentaje que recibían las cooperativas de manera periódica.
“Para tranquilidad de los productores no vamos a perjudicar la actividad porque no olvidemos que Manquiri es un importante comprador no solo de esas cargas de las mencionadas cooperativas sino también de otras que entregan concentrados de plata; por lo tanto, no se va a afectar la actividad productiva”, subrayó el titular del área de minería.
“Lo que se va a evitar que las cooperativas se sigan beneficiando de una carga que le pertenece al Estado boliviano, porque esa carga que se vino acumulando desde la época de la Colonia, fue entregada como propiedad y sin que sea tratada por las cooperativas les benefició con varios millones de dólares durante años”, destacó Navarro en conferencia de prensa.
Para el ministro de Minería, el conflicto que condujo a hechos de violencia con cinco mineros muertos, además del viceministro Rodolfo Illanes, se desató de forma innecesaria.
Navarro informó también que los temas como la exploración en áreas adjudicadas a las cooperativas mineras, acceso a nuevas áreas de trabajo, implementación de medidas ambientales y otras estaban siendo abordadas de manera concreta, a través de reuniones con los representantes del sector minero.
Sin embargo, explicó que los dirigentes no cumplieron los requisitos para avanzar en la consolidación de esos puntos que luego aparecen en un pliego que desató una movilización violenta con alto contenido de intereses políticos.
La versión gubernamental es que los cooperativistas intentaron imponer su punto de vista en temas que ya habían sido acordados con la participación de los propios dirigentes.
Por ejemplo, el caso de la sindicalización de personal contratado por los socios cooperativistas, el cual ahora será implementado.