La información surge de las declaraciones formuladas por el perito forense Alfredo Popritkin, de la Fundación Contadores Forenses a radio Continental, luego de que se conociera una auditoría de la Fundación Contadores Forenses realizada en su rol de 'amicus curiae' (amigos del tribunal) en el marco de la causa en la que el empresario santacruceño se encuentra detenido por presunto lavado de dinero, que tramita en el juzgado encabezado por Sebastián Casanello.
Según precisó Popritkin, además de las transferencias por 100 millones de pesos, hubo "muchas más transferencias en negro por miles de millones de pesos que las que se produjeron en blanco o presuntamente hechas en blanco, que uno deduce por experiencia profesional", pero que no quedaron registradas porque "ninguna empresa registra operaciones ilegales".
Después de analizar la contabilidad de Austral Construcciones durante los últimos 10 años, la fundación Contadores Forenses presentó un total de cuatro informes al juzgado de Casanello; el último de ellos es "el más extenso y profundo".
"Además de los balances y estados contables de 10 años de Austral Construcciones, sumamos información que elaboró Vialidad Nacional que tiene que ver con la obra pública y una de las principales conclusiones es la confirmación de este sistema de asignación de obra pública del Estado a esta empresa privilegiada por el kirchnerismo", sostuvo.
Según el informe de la ONG, Austral Construcciones -la empresa insignia el grupo Báez- pagó entre el 2006 y el 2011 un total de 41,7 millones de pesos en concepto de alquileres a los Kirchner, pese a que no tenía necesidad de contar con más oficinas, mientras que las operaciones inmobiliarias comunes llegaron a un total de 63,3 millones de pesos a través de compras y ventas sin precios de mercado, entre otras irregularidades.