La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que crea el sistema de educación pública, que apunta a la desmunicipalización de los establecimientos educacionales, los que pasarán a depender del Estado.
La iniciativa que fue ingresado a trámite legislativo por el Gobierno en noviembre de 2015, tuvo 71 votos a favor, 36 en contra y cuatro abstenciones, comenzó a ser analizada en particular en la Comisión de Educación donde se revisarán las indicaciones presentadas, pasando a un trámite similar posteriormente en la Comisión de Hacienda.
El proyecto permite la creación del sistema de educación pública, que tendrá como objeto central que el Estado provea, a través de los establecimientos educacionales de su propiedad y administración, una educación pública gratuita y de calidad, laica y pluralista, que promueva la inclusión social y cultural, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la libertad. Además, dicha instrucción debe considerar las particularidades locales y regionales y garantizar el ejercicio del derecho a la educación de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, en todo el territorio nacional.
De acuerdo al informe entregado por la comisión de Educación, el sistema estará enmarcado en los principios de "calidad integral; mejora continua de la calidad; cobertura nacional y garantía de acceso; desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades; colaboración y trabajo en red; proyectos educativos inclusivos, laicos y de formación ciudadana; pertinencia local, diversidad de los proyectos educativos y participación de la comunidad; formación ciudadana y valores republicanos; e integración con el entorno y la comunidad".
Serán parte relevante de este sistema los Servicios Locales de Educación Pública, instituciones estatales que se crean a partir de esta ley y cuyo número se distribuirá a lo largo de todo el país, considerando para ello, por ejemplo, criterios de densidad de población, cantidad de establecimientos educacionales por administrar y distancias. También será parte importante de este engranaje el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública.
Cabe recordar que la Comisión de Hacienda rechazó por mayoría la iniciativa que traspasaba los establecimientos municipalizados a los nuevos Servicios Locales de Educación.
Asimismo, se introdujeron don propuesta realizados por el Ejecutivo. La primera, relativa a la extensión hasta el año 2022 de la vigencia del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Ello, permite incorporar $450 mil millones al eventual proceso de traspaso.
En tanto, la segunda propone la inclusión de un compromiso expreso de parte del Gobierno de enviar, antes de enero de 2017, un proyecto de ley que establezca un estatuto para los asistentes de la educación.
La votación fue celebrada por los gremios y actores sociales vinculados al mundo educativo.
“La desmunicipalización viene. Esperamos que el Ejecutivo recoja varias de las indicaciones y sugerencias que se han hecho durante el debate. Hemos hecho causa común con los estudiantes, asistentes de la educación y parlamentarios, en la a la idea de cambiar la forma de financiamiento de la educación pública”, dijo el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Guajardo.
En tanto, el diputado miembro de la Comisión de Educación, Mario Venegas, dijo que es una “buena noticia” el hecho de que se haya aprobado la idea de legislar.
“Esto habla de que hay voluntad de hacerse cargo de una realidad. Para mejorar la calidad del servicio educativo que tienen los niños, necesitamos una nueva institucionalidad, una mejor gestión de los establecimientos públicos y a eso apunta, en lo esencial, este proyecto”.