A partir de un informe de la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción pidió a la Justicia que investigue una contratación de tres depósitos de combustible que no habrían sido utilizados, por el que se acumuló una deuda de unos 20 millones de dólares, y adelantó que remitirá documentación del presunto delito.
En la presentación, la OA sostuvo que “ENARSA diseñó un Plan Logístico para el abastecimiento, distribución y despacho de combustible líquido” y señaló al ex Secretario de Energía, Daniel Cameron: “Instruyó a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) a suscribir con ENARSA un Acuerdo Operativo para implementar el Plan Logístico mencionado”. En 2012 se iniciaron los contratos con las tres empresas, con depósitos en Campana (Probater S.A), Tucumán (Generación Independencia S.A.) y La Paz, Entre Ríos (Chenyi S.A.), que según el informe de la SIGEN “fueron perfeccionados por ENARSA a lo largo de tres años (…) y sin embargo estos establecimientos nunca habrían sido utilizados”. Por esos convenios ENARSA -hasta diciembre dependiente del Ministerio de Planificación- acumuló una deuda de unos 20 millones de dólares.
“Esto es el mundo del Ministerio de Planificación bajo la gestión de Julio De Vido. Es un caso que se suma a la investigación de los buques fantasma que fueron pagados y que aparentemente nunca habrían llegado a la Argentina”, dijo Laura Alonso -titular de la OA- a Clarín, y agregó en referencia a la presentación por los depósitos de combustible: “Si efectivamente se produjo un fraude, que el dinero se recupere y vuelva al Estado, que es donde tiene que estar”.
La OA indicó que los hechos podrían comprender los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.