El Fiscal de Estado explica las implicancias de la investigación por la desaparición de millones de pesos destinados a la construcción de viviendas que se pagaron a organizaciones vinculadas a Milagro Sala y que no se hicieron.
¿Cómo se encuentran hoy las causas judiciales iniciadas desde el Poder Ejecutivo por el manejo de fondos del Estado por las organizaciones sociales?
Cada vez son más las causas y, a medida que avanzamos revisando expedientes administrativos, encontramos más elementos probatorios a los efectos de reforzar la denuncia inicial que habíamos presentado en contra de Milagro Sala, como jefa de una asociación ilícita y miembros de cooperativas, y ex funcionarios del gobierno provincial. En ese sentido, puedo agregar que se va a presentar, y según lo anunció el gobernador en la apertura de sesiones ordinarias, una denuncia por un faltante de 1.800 casas, aproximadamente, que no han sido construidas dentro de un programa de inserción sociocomunitaria, que se debía desarrollar en varias etapas entre el año 2.012 y 2.015. Dentro de ese programa, se han detectado en base a auditorías e inspecciones en distintos municipios que hay aproximadamente 1.800 casas que han sido pagadas y que no han sido construidas. Dentro de estas viviendas, todas de orden social, hay algunas que no tienen un avance de más del 20 o 30 por ciento, algunas inferiores, y que han sido pagadas en su totalidad. Dentro de ese marco es que, según las pruebas que hemos recolectado, va a tratar la denuncia que anunció el señor gobernador. Todo esto se relaciona y se vincula con una denuncia hecha con anterioridad por el pago de adendas, las adendas son precios adicionales que se pagan a los contratos de obras, de viviendas que no se han construido. No sólo que se pagó el cien por ciento de las viviendas, sino que sobre esos contratos se pagaron redeterminaciones de precios o sumas adicionales.
¿De cuánta plata se habla dentro de esta maniobra?
Es muy difícil poder determinar el monto exacto. Lo que sí se podría llegar a determinar es el valor de las viviendas al día de hoy, que oscilaría los 1.200 millones de pesos. Esto va a surgir de los elementos probatorios y de todas las pruebas que vamos a ofrecer para que se lleve adelante la denuncia.
¿Cuánto se puede recuperar de toda la plata que se estima que se perdió en este esquema, una vez determinadas las responsabilidades de la gente involucrada?
Es difícil, no sólo hay plata que se ha perdido porque se la han robado, sino también hay gastos que está haciendo el Estado con motivo de distintos hechos delictivos cometidos por este mismo grupo de personas, o parte del grupo de personas, refiriéndome a las organizaciones sociales. El último acampe en plaza Belgrano y el corte de calles en todo el microcentro de la ciudad trajo aparejado, y puede traer aparejados daños al erario provincial. En ese sentido, ya el Estado está reconociendo algunas sumas de dinero a algunos comerciantes. Pero no se sabe cuánto puede llegar a ser el monto definitivo. Por otro lado, para eso ya el Estado estuvo, y para eso se requirió la autorización de la Legislatura, que reponer 29 millones de pesos del programa Mejor Vivir 2 (que se vio por televisión retirar del Banco Nación), que si no se reponía ese dinero para poder empezar las obras, se perdía un programa de 128 millones de pesos. Estamos investigando adónde fue a parar el dinero, ya hemos descubierto el origen; hemos descubierto cómo se lo han llevado. La mayoría del dinero lo han cobrado a través de la cooperativa Pibes Villeros, otra cooperativa y de manera personal con cheques de 50 mil pesos en cajas del Banco Nación sucursal Jujuy, sucursal Perico y sucursal San Pedro. En esos casos en particular, perdemos el registro al habérselo retirado en bolsos o en bolsas, o de a 50 mil pesos, perdemos adónde fue a parar ese dinero. Sabemos adónde no fue, sabemos adónde tenía que ir, era para la construcción de viviendas sociales. Sabemos que no tuvo ese destino. Entonces, se vuelve un poco más complejo poder recuperarlo. Obviamente, estamos tomando todos los recaudos, todas las medidas necesarias, y dentro del marco de estas medidas, es la suspensión preventiva de la personería jurídica de la Tupac Amaru, a los efectos de no se produzca un vaciamiento económico de la misma. Se persigue como fin fundamental ese objetivo, salvaguardando, por supuesto, todas las fuentes de trabajo que dependen de la Tupac. Para eso, estamos llevando adelante todos los procedimientos para garantizar la fuente de trabajo del área educativa, que eso está a cargo del Estado, el 100 por ciento de los docentes son pagados por el Estado. En el área del salud, desde el Ministerio de están garantizando que ninguno de ellos pierda el ingreso que les corresponde.
¿Cómo quedan los bienes de esta organización, como terrenos en Alto Comedero, edificios en el centro?
Son todas medidas que estamos analizando; hay muchos edificios y muchos terrenos que no son propiedad de la Tupac Amaru, que son propiedad del Estado, galpones que están utilizando en la vieja estación de trenes. Los terrenos donde se han construido las viviendas entregadas y son hechos consolidados, donde hay familias viviendo sobre terrenos del Estado, en esos casos en particular, al no ser propiedad de la Tupac Amaru, no vamos a accionar sobre las familias ocupantes. Vamos a investigar otro tipo de propiedades de la Tupac Amaru, sobre todo del círculo íntimo de Milagro Sala, que de alguna manera no pueden justificar que su patrimonio ha crecido considerablemente.
Respecto a las viviendas, ¿cómo sigue la entrega de títulos anunciada por el gobernador?
El gobernador hizo público el anuncio en forma previa y en el discurso apertura de las sesiones ordinarias también. Es un proceso que se va a llevar adelante pero, en forma previa, hay que regularizar la situación dominial de las tierras, un proceso que se cree que antes de fin de año se van a poder entregar varias adjudicaciones o escrituras. Hay que inscribir los inmuebles a nombre del Estado, para que el Estado pueda entregarlos y entregar las escrituras traslativas de dominio.
Que haya más detenciones, ¿depende de que la Justicia profundice la investigación o de que el Poder Ejecutivo haga más denuncias mencionando otros dirigentes o ex funcionarios?
Está claro que el gobierno, el Estado, está tratando de descubrir qué ha sucedido con los fondos públicos que, principalmente, tenían como destino la vivienda social. Acá no hay algo en contra de una persona o una organización determinada, estamos investigando a todos y cada uno de aquellos que han intervenido. Hoy podemos decir que parte de la banda está presa, no sólo está presa Milagro Sala, está preso el ex presidente del Instituto de Vivienda, está preso el ex vocal social, está presa la jefa del Departamento Contable, están detenidos los tres integrantes de la cooperativa Pibes Villeros, que a través de esa cooperativa se cobraban los fondos del Estado; está con orden de captura Javier Nieva, que está prófugo. Es decir, se está desenmarañando toda esta trama, todo este mecanismo que tenían para quedarse con los fondos del Estado. Y esto, principalmente, depende de las denuncias que hace el Estado y de los elementos probatorios que se están aportando, no sólo los que surgen del expediente sino los que surgen de otras reparticiones públicas que están colaborando, como son la AFIP, la UIF y a través de oficios que se están librado a los bancos para que remitan pruebas que obran en su poder, como quién ha cobrado los cheques y las filmaciones de las cámaras de seguridad, prueba fundamental para determinar quiénes son los reales responsables del faltante de 1.800 viviendas.
En este contexto, ¿cómo se analiza el circuito de los recursos en los municipios?
Fíjese que algunos intendentes o ex intendentes han denunciado y puesto en conocimiento de la Justicia que eran obligados a firmar y hacer los pagos de los fondos que recibían para la vivienda social a través del IVUJ o a través de la UEP, y no podían realizar las inspecciones respectivas a los efectos de controlar el avance de las obras. Recién en el mes de enero se pudo constatar, y nosotros, a través de la Oficina Anticorrupción, pudimos constatar que no había avances de obras o que las obras no estaban hechas. Hemos concurrido, y va a formar parte de los elementos probatorios que vamos a adjuntar a la denuncia, con escribano y con inspectores de obra a certificar que en los lugares donde debían construirse las viviendas, no están. Por primera vez, en algunos barrios de la Tupac recién se pudo ingresar a verificar tal situación, en algunos de ellos fue hasta peligroso poder ingresar a dichas viviendas. De hecho, después de muchos años se logró ingresar al barrio de la Tupac de Calilegua y al de Monterrico, en donde se constató que prácticamente faltan 160 casas y que sí han sido pagadas.