Ese millonario mundo de la obra pública, que durante una década manejó en soledad el ex ministro Julio De Vido y en los últimos años en sociedad con Axel Kicillof, no sólo cambió de manos, sino que también se desmembró. Desde ahora habrá tres reparticiones que intervendrán en los planes generales y cada uno de los ministerios tendrá, además, la posibilidad de motorizar proyectos particulares.
Así como el presidente Mauricio Macri prefirió partir el área económica en varios ministerios, algo similar pasa en el mundo de los contratos de obra pública. Los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich; Interior, Rogelio Frigerio, y Energía, Juan José Aranguren, concentrarán la mayoría del presupuesto en obras.
La estrategia es contraria a la que llevó adelante la ex presidenta Cristina Kirchner. Según datos del Ministerio de Economía y que compila la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), en 2014 la cartera de De Vido concentró el 84,5% del total del crédito inicial que se destinó a ese fin.
El Ministerio de Interior y Transporte era el segundo beneficiado con 3,9%, luego venían el de Defensa (2,8%), el de Justicia (1,3%) y el de Turismo, con 1%. El Poder Judicial, en tanto, se llevó 1,7%. Ahora ese dinero estará repartido.
El Ministerio de Transporte, que maneja Guillermo Dietrich, es uno de los más beneficiados por aquel reparto. Dentro de ese organigrama quedó Vialidad Nacional, el organismo que tiene a su cargo las rutas nacionales.
El año pasado, del total que manejaba De Vido, 64 de cada 100 pesos eran para la entidad. Este año, el presupuesto de Vialidad es de poco más de $22.000 millones. Ahora, el mandamás de las rutas argentinas será Javier Iguacel, un ex Pluspetrol.
Además, en el área de Dietrich quedó todo lo que antes manejaba el ex ministro Florencio Randazzo (3,9% del total de la inversión en obra pública). Allí se concentra toda la construcción de las obras ferroviarias y lo que tiene que ver con puertos y vías navegables.
En materia de
Infraestructura
Aún no está claro cómo se concretará el reparto de las obras, es decir si se canalizarán por las empresas ferroviarias estatales o por las secretarías. Lo cierto es que dentro de ese ministerio se posó otra persona clave en el futuro entramado de la obra pública argentina. Se trata de Manuela López Menéndez, una funcionaria que viene del gobierno porteño. Fue la controller del Metrobus y la idea de Dietrich es que haya mucho seguimiento de los plazos, especialmente, y de las calidades de los proyectos que se inicien.
La construcción de viviendas, que manejaba De Vido y el subsecretario de Obras Públicas, José López, formará parte del Ministerio del Interior que ahora dirige Rogelio Frigerio. Daniel Chaín, un histórico hombre del gobierno porteño relacionado con los proyectos de infraestructura, será el secretario de Obras Públicas. De esa repartición dependerá Aysa, la compañía de agua y saneamiento que da servicios a la ciudad de Buenos Aires y a 17 distritos del conurbano. También estará bajo el ala de Frigerio la urbanización y la Dirección de Arquitectura.
Cambios en Energía
El Ministerio de Energía, que maneja Juan José Aranguren, será el encargado de todas las obras del sector, con la excepción de algunas que se realizan a través de los entes reguladores de gas y electricidad. Será tarea del petrolero la consecución de las centrales hidroeléctricas que se iniciaron en Santa Cruz, así como todas las obras que están en carpeta para revertir la declarada emergencia eléctrica nacional.
Aranguren se quedó además en su ministerio con el área de Minería, del que dependen el yacimiento de carbón de Río Turbio y la usina a carbón que se construyó en el pueblo. El desafío será dotar de capacidad de producción a la mina para que abastezca la central de combustible. La central está terminada y una turbina fue inaugurada por Cristina Kirchner en campaña. Pero la hornalla se apagó por falta de carbón y los trabajos en la mina nunca se terminaron.
Pero los cambios en la obra pública no sólo llegan a la división de las decisiones y los presupuestos. La administración macrista se encontró con una enorme deuda de pagos atrasados. Según el número que tienen en la cabeza los constructores, sólo Vialidad Nacional tiene un atraso que llega a casi un año y que implica $19.000 millones.
Ya hubo varias conversaciones entre los funcionarios y los constructores. La solución sería un bono similar al que el presidente Macri emitió para pagar la deuda de obra pública que había en la ciudad de Buenos Aires cuando asumió como jefe de Gobierno. Entonces, los dueños de las constructoras quedaron conformes con un papel nominado en dólares que se transaba fácilmente, o si alguien necesitaba el dinero tenía una quita de mercado de alrededor de 8%. Recuerdos que ilusionan a los hombres del mundo vial.
Licitación de
obras públicas
Claro que en el medio habrá que ver qué pasa con la readecuación de precios. La inflación erosionó los contratos y muchos de ellos se discontinuaron por quedar desactualizados. Las conversaciones no sólo tienen que ver con el pago de la deuda, sino también, y sobre todo, con la vuelta a poner en marcha aquellas licitaciones truncas.
Con las viviendas, también muchas inconclusas, hay menos retraso. Sucede que en 2015, campaña de por medio, el eje de la construcción pasó por ese rubro. Los atrasos que sí se dieron entre las obras viales no son tantos en las viviendas. La gente de Frigerio ya adelantó que se cumplirán los contratos firmados y la puesta en marcha del plan implicará terminar las casas a medio hacer. Luego vendrá otra etapa, en la que dicen que habrá subsidio a la tasa para mejorar el acceso a los créditos hipotecarios.