Es una discusión digna de ser observada. De un lado está el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que hasta hace seis meses defendió los intereses que ahora debe confrontar; del otro, los dueños del negocio petrolero, sus viejos compañeros de discusiones con el entonces ministro Axel Kicillof. El primero guía la conversación, que comenzó el domingo y terminará esta semana con una hoja de ruta definida: pese al cambio monetario, quiere que los ajustes de las naftas y el gasoil no superen el 20% en 2016.
La ambición del Gobierno parece una quimera, pero para enfrentarla Aranguren apelará a argumentos que están servidos: en el país, los precios del petróleo y el margen de rentabilidad de los combustibles están por encima de los parámetros internacionales, por lo que las empresas tienen espacio para absorber una parte del impacto.
El domingo se los comentó a representantes de las productoras de combustibles. Uno de los que participó en el encuentro fue Carlos Alfonsi, vicepresidente ejecutivo de Downstream de YPF y quien negocia temas de precios por esa empresa. También fueron ejecutivos de PAE y Shell.
La situación tiene rarezas. En 2005, fue el propio Aranguren, cuando estaba al frente de Shell, quien ordenó subir los precios de la empresa y recibió un boicot por parte del presidente Néstor Kirchner.
La devaluación trastocó los números del upstream y del downstream, como se denomina en el sector a la exploración y producción de crudo, en el primer caso, y a la refinación y la comercialización, en el segundo. El propio Aranguren, en su etapa empresaria, lo explicaba con ductilidad: las refinadoras pagan la materia prima en pesos, pero con precios atados al tipo de cambio, por lo que ahora necesitan más billetes para hacer frente a la misma cantidad de producto que antes.