"Es lamentable que el gobierno de Jujuy, en lugar de cancelar la explotación petrolera del Parque Nacional Calilegua, responda con descalificaciones y busque confundir a la población. Por más controles que se hagan, la actividad petrolera no debe continuar y se deben remediar los pasivos ambientales existentes en el lugar. Extraer petróleo de un Parque Nacional, además de ser sumamente peligroso, es ilegal, ya que viola al menos tres leyes nacionales”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
La organización ambientalista recordó que la Ley de Parques Nacionales 22.351 establece claramente en su artículo 4 que en ellos “está prohibida toda explotación económica con excepción de la vinculada al turismo”. Mientras que en su artículo 5 dispone la prohibición de “la exploración y explotación mineras; c) La instalación de industrias; d) La explotación agropecuaria, forestal y cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos naturales”.
Por otra parte, la Ley de Bosques 26.331 determina en su artículo 9 que las zonas forestales de alto valor de conservación “no deben transformarse” ya que las mismas “ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica”. La reglamentación de dicho artículo establece que allí sólo “podrán realizarse actividades de protección, mantenimiento, recolección y otras que no alteren los atributos intrínsecos, incluyendo la apreciación turística respetuosa”.
Finalmente, la organización ecologista señaló que Ley de Hidrocarburos 17.319 también es contraria a esta explotación ya que en su artículo 79 dicta que son absolutamente nulos “los permisos y concesiones que se superpongan a otros otorgados con anterioridad o a zonas vedadas a la actividad petrolera”.
Greenpeace difundió un informe que da cuenta de los impactos de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, y advierte que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la propia empresa admite que existen riesgos de contaminación por derrames, incendios y derrumbes sobre más de 20 mil hectáreas de selva, una superficie equivalente a la Ciudad de Buenos Aires.
Por sus características geológicas la zona tiene una alta tasa de desmoronamientos, producto del tipo de suelos y de las precipitaciones abundantes registradas a lo largo del año. En ese sentido, existe riesgo de desestabilizar laderas frente a excavaciones, construcción de caminos, sobrecarga por estructuras, terraplenes, etc. Asimismo, la región representa una elevada peligrosidad sísmica (en los últimos meses se registraron seis temblores). Por otro lado, el yacimiento se encuentra en una zona con alta recurrencia de incendios forestales (2010, 2012 y 2013).