Sin embargo el reparto no ofreció equidad, ya que muchos tabacaleros se sintieron discriminados. Recordemos que el FET pertenece a todos los productores.
Por Jorge Lindón - Nadie niega los factores externos que ahogan a la más importante economía regional jujeña, pero también hay que asumir que hay deficiencias endógenas que complican aún más a la actividad.
Entre estas debilidades, resalta el uso discutible del FET, en cuanto a convertir parte del mismo en un recurso discrecional de asistencia, ya que no toma a la producción como objeto de fortalecimiento, sino que opera sobre el beneficio de grupos familiares, amigos y “votos”.
Los parámetros para aplicar la asignación fueron establecidos por el gobierno, sin la ratificación del sector tabacalero, por lo cual la conveniencia política fue el eje de la aplicación de los beneficios.
Pese a que había una postura crítica para este programa de parte de varios productores, quienes no se oponían a apoyar a los más vulnerables, pero el programa alejado de las instituciones terminó politizado, cerrado a la perspectiva acotada del Ministerio de la Producción.
Claramente se advirtió la maniobra de montar una posible protesta para asustar a Eduardo Fellner, quien debía recibir a Daniel Scioli en Palpalá la semana pasada. Recordemos que Scioli presenció en el Aeropuerto Horacio Guzmán una manifestación de un pequeño grupo de productores que reclamaban un cambio en sistema distributivo.
También meses atrás, en una exposición internacional realizada en Jujuy, el Ministro de Agricultura y Pesca, Carlos Casamiquella, quedó jaqueado en medio de reproches de productores. Con estos antecedentes fue fácil obtener el consentimiento de Fellner para liberar fondos, que no estaban destinados a un programa de equilibrio en el sector tabacalero, sino que aprovecharon la oportunidad para librarse de un posible papelón, a pesar que ellos mismos crearon el escenario, tomando control de los fondos para asignarlo con fines lejanos a las verdaderas necesidades de la actividad.
La llegada de Daniel Scioli no solo representó un elevado costo organizativo en materia de marketing político para el gobierno (FpV), sino que el sector tabacalero debió tributar 18 millones de pesos para evitar una protesta más de la imaginación, que de la realidad.