Tras conocer el fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que llevaría a Milagro Sala a enfrentar un juicio oral y público por los hechos acaecidos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, la defensa de la diputada y líder de la organización Tupac Amaru, anticipó que apelará la sentencia y aseguró: “esperábamos esta resolución de una sala que determinó la falta de mérito de los cómplices civiles de la dictadura en Jujuy y de quien es el principal aliado y financista de la campaña de Gerardo Morales, Carlos Pedro Blaquier”. Y agregaron: “Este es un fallo estrictamente político que nada tiene que ver con lo judicial. Desde lo jurídico, la denuncia que presentaron contra la dirigente, no se sostiene. Solo tiene como objetivo criminalizar la protesta social”.
Desde lo legal, los letrados aseguraron que en toda la trama de la investigación no existe un solo elemento probatorio que pueda siquiera hacer sospechar que la dirigente fue autora intelectual del hecho del que se la acusa. A su vez, ratificaron que “existe un sinnúmero de antecedentes jurisprudenciales en distintos Tribunales Orales Federales del país, así como antecedentes en la Cámara de Casación, como en la Corte Suprema y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que refuerzan nuestra posición sobre la probation”.
Desde el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUyO) sostuvieron que “esta resolución no hace más que confirmar la complicidad entre un sector del Poder Judicial con un grupo de políticos que corporativamente defienden sus privilegios y que ante la falta de propuestas tienen como único objetivo la estigmatización y el desprestigio de las organizaciones sociales que se han hecho cargo del desastre en el que dejaron al país”.
También reclamaron una vez más al senador Gerardo Morales que “deje de desperdiciar recursos del Estado y de la Justicia en favor de sus caprichos. Que la campaña política la haga con propuestas y que le cuente a la sociedad qué hizo en estos 26 años en los que ocupa distintos cargos dentro del Estado. Hay muchas necesidades aún por resolver. Nunca escuchamos a Morales manifestar su preocupación por la instigación a cometer los asesinatos de 33 muertos del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando él era parte del gobierno nacional”.