Los Trabajadores del Parque Nacional Calilegua denunciaron la ilegal explotación petrolera dentro del área protegida y el avance del Gobierno de la Provincia y las autoridades de la Administración de Parques Nacionales para desafectar el Parque, sacrificándolo para el negocio de unos pocos a costa del avance de la contaminación de arroyos, aguas subterráneas y la afectación directa de miles de personas.
Acta
En un acta, los trabajadores del Parque Nacional Calilegua señalan que “nos convocamos para repudiar las maniobras pergeñadas entre las autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Gobierno de Jujuy, por medio de las cuales pretenden desafectar el área de mayor valor de conservación del Parque Nacional Calilegua (PNC) y permitir así la continuidad de la ilegal extracción petrolera en el Yacimiento Caimancito, sin ningún tipo de control ni restricción”.
Remarcan que “como trabajadores de la conservación, hace años que venimos denunciando la ilegalidad que significa la existencia de un yacimiento petrolero dentro de un Parque Nacional. Esta situación viola, entre otras, la Ley 22.351 de Parques Nacionales, que establece la prohibición de la actividad hidrocarburífera en razón de las graves alteraciones que provoca sobre los ecosistemas; la Ley 17.319 de Hidrocarburos, que en su artículo 79 dice: son absolutamente nulos los permisos y concesiones que se superpongan a zonas vedadas a la actividad petrolera; la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Los Bosques Nativos, como así también el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos Indígenas del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”.
La denuncia se hizo en 2014
Recuerdan que “esta maniobra ya fue denunciada por los trabajadores en el año 2014. Las autoridades de la APN proponen entregar el manejo del área de explotación hidrocarburifera a la Provincia de Jujuy hasta que finalice el contrato con la empresa china JHP, en el año 2037. Esto quiere decir que le cederá el control del territorio al gobierno provincial y las utilidades económicas derivadas de la explotación o de los recursos naturales dentro de un parque nacional a una empresa privada, que luego del saqueo devolverá al Estado nacional un área empobrecida, degradada y aún más contaminada”.
“Desde lo Ambiental –prosiguen- la desafectación camuflada con la palabra Rediseño significa plantear un antecedente nefasto contra las áreas protegidas. Existen numerosas áreas protegidas con una fuerte presión para iniciar emprendimientos extractivistas o, como es el caso de Auca Mahuida en Neuquén, donde la actividad petrolera en marcha pretende desafectar el área, o el Parque Nacional Los Cardones, en Salta, donde en 2006, avanzar con mapas de desafectación para permitir la reactivación de minas de uranio”.
Lo social
Desde lo social, la desafectación significa dejar librada esta actividad solo a los grandes intereses económicos. Si estando dentro de un parque nacional los pasivos y los daños ambientales sobre las aguas subterráneas y de superficie no son atendidos debidamente como problema actual que requiere de urgente solución, ¿qué quedará para las comunidades cuando ya no exista la posibilidad de fiscalizar desde este Organismo?”.
Añade que “hace 46 años que se mantiene la actividad petrolera en el Yacimiento Caimancito; sin embargo, con épocas gloriosas de YPF, grandes volúmenes de producción y diversas empresas privadas enriquecidas, las comunidades directamente afectadas por este yacimiento: Yuto, Bananal, Caimancito y Calilegua, nunca se han visto favorecidas a través de la actividad petrolera. Ninguna de estas poblaciones cuenta con gas natural debiendo asumir los inconvenientes y los costos que genera el proveerse de este recurso por medio de las garrafas”.
Afirma que “el Yacimiento no ha generado trabajo genuino para los habitantes que residen en su área de influencia. Pero lo que si reciben es contaminación de agua y suelo, discriminación laboral, desigual distribución de la riqueza, consecuencias de la degradación ambiental y el avasallamiento de los derechos humanos contemplados en el marco del derecho general”.