La decisión del gobierno de Venezuela de cerrar temporalmente la zona fronteriza que une a la localidad de San Antonio (estado de Táchira) con la localidad colombiana de Cúcuta ha desatado una molestia generalizada en Colombia por lo que considera una medida hostil e injustificada.
Desde que la administración del Presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera común en el puente internacional Simón Bolívar el 19 de agosto pasado, como parte de una campaña para combatir el contrabando y a supuestos grupos paramilitares, unos siete mil colombianos han retornado a su país.
En su mayoría se trata de personas que lo han hecho sin que exista una orden de expulsión en su contra sino que apremiados por las circunstancias. En cambio, son 1.097 colombianos los que han sido deportados por Venezuela, según los registros de la Unidad de Gestión de Riesgo del gobierno de Colombia. En la actualidad viven en Venezuela aproximadamente unos cinco millones de colombianos, de los cuales un número importante cuenta con doble nacionalidad. Las autoridades de Bogotá informaron también que otras cientos de personas han vuelto al país sin registrarse.
Frente a este escenario el Ejecutivo del Presidente Juan Manuel Santos dispuso ayer la creación de tres nuevos albergues para recibir a los retornados. El mandatario viajó el fin de semana a la zona fronteriza con Venezuela y realizó un recorrido para evaluar el estado en que se encuentran los retornados.
Santos aprovechó su alocución en la tradicional “Caminata de la Solidaridad” que se realizó ayer en ese país, para referirse a la grave crisis diplomática con Venezuela desatada por esta situación.
El Jefe de Estado manifestó, sin mencionar a Venezuela, que le “parece increíble que en pleno siglo XXI tengamos que ver atónitos, indignados, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas por el solo hecho de ser colombianos y de no tener sus papeles en regla”. Además enfatizó la “importancia de que los colombianos nos unamos por las buenas causas: desde la paz hasta la ayuda a estas familias injustamente desplazadas”.
Ofensiva colombiana
Debido a que el diálogo directo entre los gobiernos de ambos países se encuentra interrumpido, la administración de Santos decidió recurrir a instancias internacionales para enfrentar la crisis con Venezuela. Y precisamente hoy librará en Washington la primera ofensiva.
Durante esta jornada se reunirá el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) -conformado por los embajadores de 34 naciones de América- para evaluar la solicitud de Colombia de convocar a los cancilleres del continente, con el propósito de que analicen el conflicto fronterizo.
La otra tratativa la llevará a cabo el jueves en Quito ante los 12 cancilleres de los países que conforman Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).
En Colombia están concientes que es muy poco probable obtener algún tipo de sanción contra Venezuela por parte de los organismos multilaterales.
De hecho, fuentes del gobierno colombiano consignadas por el diario El Tiempo afirman que el desafío es lograr que el asunto llegue a las plenarias de los dos organismos multilaterales, ya que esto permitiría -según palabras del Presidente Santos- que el caso se discuta ampliamente y sea difundido a la comunidad internacional.
Por su parte, Venezuela ha acusado a Colombia de desplegar una campaña comunicacional en su contra. En una entrevista con la agencia Efe, el gobernador venezolano de Táchira, José Gregorio Vielma, dijo que está en manos de Colombia restituir la tranquilidad en la frontera, especialmente, porque a su juicio ese país no lucha de forma adecuada contra los problemas de seguridad que afectan la zona.