(Por Rafael Sagárnaga/ El País) - Suma sucesivamente casos de marcado sufrimiento para las víctimas y sus entornos. Hablamos de la lucha contra un delito que, pese a su absoluta inhumanidad, se ha convertido en uno de los mayores negocios del planeta. Torrico conversó con EL PAÍS EXPANSIÓN NACIONAL (EP) sobre los casos más críticos en Bolivia y las medidas con las que el Estado Plurinacional se enfrenta a las nuevas mafias.
- Entiendo que es el segundo negocio más rentable del mundo, y Bolivia es un Estado con serias limitaciones en cuanto a seguridad se refiere. ¿Cómo está enfrentando el Estado boliviano a las mafias que practican la trata y tráfico de personas?
- La trata y tráfico es el negocio más rentable del mundo. Antes se decía que era el tercer negocio más rentable, hoy está equiparado al narcotráfico y el tráfico de armas. Se suma los índices y este delito mueve cerca de 50 mil millones de dólares cada año.
Bolivia ahora tiene una normativa importante que es integral, la Ley 263. Desde su creación en 2006 hasta 2012 se logró una norma, basada en la integralidad, que va desde la prevención hasta la protección y persecución del delito. Estamos avanzando. Ya evolucionamos en el tema del desarrollo normativo y también avanzamos en la información y la prevención, sobre todo en los colegios. Allí ya hay mayor consciencia e información acerca de los conceptos sobre lo que es trata de personas y tráfico de personas o tráfico de migrantes.
En lo referido a la persecución del delito, ya tenemos redes desarticuladas en el país. Hace un momento, por ejemplo, me llamó el responsable de la División de Trata de Santa Cruz y me informó que se desarticuló una red importante de explotadores laborales. Eran propietarios de una agencia de seguridad. Yo celebro que tengamos policías responsables y comprometidos con la temática. Allí la Policía, con el trabajo de inteligencia que tiene, hace una labor riquísima, a través del director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el coronel (Juan Carlos) Ramos.
- En el caso del narco, sabemos que hay una estructura que va desde los pisa cocas o licuadores de coca hasta los “peces gordos”, ¿cómo se articulan las redes de tratantes?
- Sin duda, es toda una cadena. Empieza en personas cercanas o que se acercan a la víctima. La víctima les cuenta sus problemas y es cuando nace la oportunidad para que los tratantes puedan captarla. Entonces la llevan donde el dueño de un bar o de un lenocinio clandestino. Estos dueños tienen otros nexos con redes. Acá en Bolivia hay clanes familiares que operan como tratantes y traficantes de personas.
En esa instancia ya es difícil que la víctima pueda salir, está en riesgo permanente y son encerradas. Así sucedió recientemente, por ejemplo, en Cochabamba donde, gracias al trabajo de la Policía, se pudo desarticular dos redes de proxenetismo, que es el delito más cometido en Cochabamba y en Santa Cruz de la Sierra.
- ¿Tienen nexos internacionales?
- Hemos visto que en el país no existen redes criminales internacionales de trata y tráfico. Evidentemente, así como en el caso del narcotráfico, sí tenemos emisarios. Hubo un caso muy particular en Cochabamba. La víctima tuvo la desafortunada experiencia de toparse con algunas redes internacionales, pero fuera del país. El caso ahora está en los estrados judiciales, esperamos que la justicia haga su trabajo.
- Hábleme del caso “La Rinconada”, ¿es el más fuerte que están enfrentando? Suena alarmante que aproximadamente 2.500 bolivianas se hallen explotadas sexualmente en esa zona de Perú
- Sí, es un tema muy alarmante para ambos Estados, pero también en Argentina vivimos toda una historia de tráfico de personas y de bolivianos explotados laboralmente. Pero, claro, descubrimos que en Perú existe esa explotación sexual. Y cuando vimos que eran víctimas menores de edad, entonces nos impactó. Es por eso que se están haciendo ya acciones integrales. Cancillería ya asignó recursos para la repatriación de las víctimas que están en La Rinconada.
Si vemos las cifras de las personas explotadas, es una labor muy complicada. Repatriarlas significa un proceso que va desde Cancillería hasta que nos entreguen a las víctimas en el aeropuerto. Bolivia tiene un protocolo de repatriación que señala que Cancillería se encarga de todos los trabajos fuera del país y acaba en aeropuerto. ¿Y sabe quién se encarga de todas las gestiones para que estas víctimas tengan acogida, centros, terapias de rehabilitación, etc.? Pues, precisamente esta Dirección de lucha contra la Trata y Tráfico de personas. Imagine el desafío que estamos tratando de tener para de manera muy pronta de rescatar a estas 2.500 menores de edad que están en La Rinconada.
- ¿Y a cuánto llega ese presupuesto?
- Cancillería ya ha destinado 20 mil dólares, pero tiene la predisposición de incrementar los recursos. Nada sería eso. El problema es dónde. No tenemos aún la capacidad de acoger a 2.500 víctimas. ¿En qué centros de acogida? Ésa es la debilidad más grande en el país. Pero estamos insistiendo para que las ETAs (Entidades Territoriales Autónomas) formen parte de la solución de estos problemas. Si gobernaciones y alcaldías pondrían el presupuesto que la ley les exige, el escenario fuera diferente para nosotros.
- Al ser un tema binacional, ¿cómo se está abordando la intervención?
- Perú está también muy preocupado porque no es solamente la trata y el tráfico de personas, sino la situación político social, socioeconómica que tiene La Rinconada como centro poblado minero. Allí prácticamente la Policía no tiene presencia. Entonces es un tema del Estado peruano que les ha preocupado muchísimo. Se ha hecho una serie de intervenciones, pero sin resultados positivos para resolver no sólo este problema, sino otros como el tráfico ilegal de oro y más. (Por ejemplo) no tienen Alcaldía, es tierra de nadie.
Se ha insistido décadas para poder solucionar, pero los mineros, todos los dueños de esos bares que están al frente de la mina tienen armas, no se sabe cómo las consiguen…Realmente son miles de personas involucradas en esta serie de delitos.
- Resumidamente, hablamos de la lucha de dos Estados contra un lugar donde no hay ley ni autoridad, donde están raptadas aproximadamente 2.500 jóvenes bolivianas
- Y no solamente bolivianas, sino también peruanas y colombianas que está ahí. Es un lugar con cerca de 30 mil a 40 mil habitantes entre estacionales y flotantes que se han acostumbrado a vivir así.
- ¿Se ha realizado alguna reunión binacional que haya previsto una estrategia muy fuerte en relación a La Rinconada?
- Sí, tengo en mis manos el acuerdo bilateral con Perú, y todos los acuerdos y acciones conjuntas posteriores en relación a ese acuerdo. Cita, por ejemplo, las acciones interdicción de la minería ilegal en zonas aledañas a La Rinconada para reducir la complejidad de cara a las futuras intervenciones. Mire que 150 toneladas de oro se trafican de manera ilegal y el tránsito es Bolivia, ése es otro de los grandes problemas. El segundo punto del acuerdo dice: trabajo conjunto entre el Consulado de Bolivia en Puno y el equipo de Defensa Pública del Ministerio de Justicia para el Patrocinio de Víctimas. Después de varios año, hace dos meses Bolivia pudo tener nuevamente un Consulado en Puno cuya responsable tendrá la tarea de repatriar a las 2.500 menores.
El acuerdo también prevé el establecimiento de elementos para diagnóstico binacional sobre el tema. También está acordada la ejecución del plan de empadronamiento y documentación de ciudadanas y ciudadanos bolivianos en las circunscripciones de Puno. Se ha convenido también la toma de relación con actores no estatales que faciliten las acciones de acercamiento a víctimas en La Rinconada. Igualmente se implementarán acciones de presencia de Estado en la zona, como intervenciones sociales que contribuyan al acercamiento con la población. Finalmente, se propuso un plazo de tres meses para realizar una evaluación sobre las acciones tomadas por ambos países y la constitución formal de un equipo binacional de trabajo.
- Al margen de ese tema tan complejo, ¿cómo van los casos emblema que han conmovido al país? Recuerdo, por ejemplo, ese caso de Rurrenabaque, el de la niña que huyó con la amiga y relató haber visto hasta una decapitación…Hubo otros en Bermejo o Puerto Suárez
- Claro tenemos casos emblemáticos, pero los dejamos en reserva porque aún están en estrados judiciales a la espera de una cosa juzgada. Tenemos casos emblemáticos con historias de vida durísimas que nos han desgarrado y las víctimas están en un estado de indefensión. Pero el afán nuestro es poderlas reintegrar, aunque es un camino durísimo. Sin embargo, por ejemplo, le comento el caso de Cochabamba que cité anteriormente. Es un varón de 25 años de edad que fue repatriado gracias a acciones conjuntas de Cancillería boliviana y la Embajada de México. Él está a la espera de que se le haga justicia. Se abrió camino para que la OIM (Organización Internacional para Migraciones) le apoye con 1.500 dólares para que inicie su nuevo proyecto de vida.
Nos reunimos hace unas semanas con él y representantes de la Embajada de México en su pueblo, Tarata. Y entonces aparecieron también decenas de víctimas de la misma pareja de tratantes. Es muy complejo lo que está pasando, pero se han unido las autoridades de manera muy coordinada y llegaron a importantes conclusiones para hacer el seguimiento de este caso en particular.
- ¿Cómo fue captado el por los mafiosos?
- A través falsas expectativas laborales. Leyó un panfletito en el que se anunciaba la otorgación de visas a EEUU y oferta de trabajo. Tuvo entonces la desgracia de llegar a redes internacionales. La historia es terrible porque fue víctima de varios flagelos al mismo tiempo. Pero se libró gracias a la ayuda de un religioso que finalmente lo llevó al Consulado de Bolivia en México. No puedo dar demasiados detalles para no caer en la re victimización. Pero es un caso que aún nos conmueve muchísimo acá.
- Entiendo que otro gran problema son los funcionarios que desde las esferas del Estado ayudan a los tratantes, desde jueces y fiscales hasta policías.
- Efectivamente, nosotros lo palpamos cotidianamente acá cuando queremos impulsar acciones para poder tener sentencias en algunos casos. Existen consorcios de jueces, fiscales y policías que dejan en la impunidad muchos casos importantes y nuestras expectativas institucionales se nos caen. A veces nos esforzamos, viajamos en procura de tener noticias positivas. Sin embargo, llegamos a Santa Cruz o Cochabamba u otras ciudades con caso que parece listo y descubrimos que de pronto el juez o la jueza dicen que no hay elementos probatorios suficientes para la detención preventiva o la sentencia de la persona.
Necesitamos definitivamente una revolución en la justicia como lo ha dicho el propio Presidente del Estado Plurinacional.
Ahora, hay que separar aspectos como el que no todas las personas desaparecidas son víctimas de la trata; pero evidentemente hay autoridades que no tienen el compromiso con la causa.
- ¿Y qué se ha hecho contra ese tipo de jueces?
- Tenemos denuncias de las víctimas o sus abogados que hemos hecho llegar al Fiscal General. Hemos hecho denuncias públicamente. En Santa Cruz, por ejemplo, denunciamos a la juez Albania Caballero que falló para que cese la detención preventiva de dos presuntos proxenetas. Recibió un reproche social de toda la ciudadanía cruceña. Sin embargo, no hubo más avances.
- ¿Existe alguna autoridad judicial que haya salido de su cargo por ese tipo de “errores”?
- No, ni por prevaricato. Nosotros nos sentimos muy defraudados en ese aspecto.
- ¿Hay avances en cuanto al caso Cristian Mariscal?
- El caso Mariscal no está en esta en la Dirección de Lucha contra la Trata y Tráfico de personas. Pero visitaremos Tarija porque queremos constituirlo en un departamento modelo en esta lucha. Hemos sabido que se ha invertido 10 millones de bolivianos para el tema trata y tráfico. Es ahí que vamos a incidir y tratar de obtener información acerca del caso Mariscal que nos ha preocupado y nos sigue preocupando, y esperamos obtener respuestas en el proceso investigativo.
Melania Beatriz Torrico Pericón es comunicadora social. Nació en Bermejo, Tarija. Es Directora Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de personas desde febrero de este año. Actualmente impulsa normas referidas a la regularización del acceso internet, el rescate y búsqueda de personas desaparecidas y el acceso directo a bases de datos de empresas telefónicas para las dependencias que trabajan en la lucha contra la trata y el tráfico de personas.
“Si vemos las cifras de las personas explotadas, es una labor muy complicada. Repatriarlas significa un proceso que va desde Cancillería hasta que nos entreguen a las víctimas en el aeropuerto”
“Vamos a incidir y tratar de obtener información acerca del caso Mariscal que nos ha preocupado y nos sigue preocupando, y esperamos obtener respuestas en el proceso investigativo”