Los abogados del foro jujeño se reunieron en la sede del colegio profesional y determinaron enviar una nota al Superior Tribunal de Justicia para que en el término de 10 días se aplique la disposición.
Una de las posturas pugnaba por una contundente acción judicial tendiente a que la Corte Provincial aplique la acordada, habilitando la posibilidad de recurrir incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de una negativa.
Anoche se llevó a cabo una asamblea general en el Colegio de Abogados de Jujuy, solicitada mediante nota el 29 de junio de 2015 y firmada por más de diez abogados con el fin de tomar una determinación concreta respecto de la problemática centrada en el actual proceso de designación de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Jujuy.
Los puntos fundamentales de la asamblea giraron en torno a las acciones a seguir por parte del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy a los efectos de que se cumpla con el proceso de selección establecido por la Acordada N° 1994/94 de fecha 08/04/1994 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, y la determinación del proceso de selección que seguirá el mencionado organismo a los efectos de elegir a los abogados y/o procuradores que integrarán el Consejo Asesor al que refiere la mencionada acordada.
Tras largas horas de deliberación se aprobó el punto más importante de la reunión que se debatió entre dos mociones.
Según expresó a los medios el Presidente del Colegio de Abogados, Fernando Zurueta, “se ha resuelto elevar una nota de requerimiento al Superior Tribunal de Justicia para que en el plazo de 10 días dé aplicación a esa acordada, en caso contrario, el Colegio de Abogados va a estudiar a través de sus institutos las acciones legales a seguir para lograr efectivamente el cumplimiento de esa acordada”.
En cuanto a la moción que fue rechazada, Zurueta explicó que se trataba de una postura que decía “que directamente en un plazo de 15 días debía presentarse una acción judicial y se propugnaba que la estudien a través del Instituto de Derecho Público y después el Consejo Directivo la inicie.
Aprobada por 68 a 40, la moción quedó redactada de la siguiente forma: “se resuelve presentar un requerimiento administrativo al Superior Tribunal de Justicia para que en el termino perentorio de 10, 15 días, aplique la acordada 1994, y paralelamente efectuar el análisis y estudio de todas las posibles acciones administrativas y/o judiciales tendientes a ver de qué manera lograr la aplicación de la acordada en el caso concreto”.
En lo que refiere al otro punto tratado en la asamblea, el letrado agregó que “se ha resuelto que se realice un procedimiento de selección de los abogados que van a conformar el Consejo Asesor previsto en esa acordada, procedimiento que ha quedado en manos del Consejo Directivo mediante un reglamento que después será sometido a consideración de la asamblea”.
Una de las posturas rechazadas para el procedimiento a seguir para la selección de abogados pugnaba por una selección mediante publicaciones para que la comunidad en general pudiera opinar sobre los candidatos a ser miembros de ese consejo asesor, abrirse un registro para que se los interesados se inscribiesen y luego los matriculados fuesen designados de esa lista por sorteo.
Descontento
El presidente de la Asociación de Abogados de Jujuy, Aníbal Massaccessi, presente en la asamblea y portavoz de la moción que fue rechazada, expresó a los medios, respecto al primer punto tratado, que estaban sobre la mesa dos mociones: “una que era una presentación administrativa burocrática, y una moción contundente de una acción judicial, tendiente a que el Superior Tribunal de Justicia la aplique concretamente, lo cual habilita a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de que haya una negativa”.
En lo concerniente al segundo punto agregó que “se resolvió dilatar la resolución para cuando el Superior Tribunal decida aplicar la acordada 1994, es decir, el Colegio de Abogados resolvió seguir tramites de espera y burocráticos sin acciones contundentes, inclusive un miembro del Instituto de Derecho Constitucional se expidió diciendo que para él la acordada 1994 era inconstitucional”.